La ONG Prisoners Defenders ha contabilizado hasta este sábado la detención de 32 personas en relación con las protestas del 17 y 18 de marzo en Cuba, aunque estima que la cifra total podría ser muy superior.
La organización, con sede en España, agrega que es muy complicado obtener una cifra final por la falta de datos oficiales y las reticencias de muchas personas a dar cuenta de su situación, especialmente las que solo han recibido una multa o una medida cautelar.
Prisoners Defenders indica que seis de los detenidos ya han sido puestos en libertad.
Por provincias, el mayor número de arrestos registrados se produjo en la provincia de Holguín (13), seguida por Santiago de Cuba (7), La Habana (4), Cienfuegos (2) y Artemisa (2).
En Cuba había en febrero 1.066 presos políticos y de conciencia, de los que la mayoría tienen cargos relacionados con las protestas del 11 de julio de 2021, las mayores en décadas, según informó Prisoners Defenders en su último informe mensual.
Otras plataformas dedicadas al registro de presos en Cuba han denunciado distintos arrestos desde el domingo, pero no han ofrecido hasta ahora una lista comprensiva con todos los casos que han contabilizado.
«Corriente y comida»
Las manifestaciones se iniciaron el domingo en Santiago de Cuba, donde cientos de personas salieron de forma pacífica a la calle para protestar, según pudo confirmar Efe por varios testimonios coincidentes.
Inicialmente protestaron por los apagones y la falta de alimentos al grito de «corriente y comida», pero en Santiago de Cuba también se escucharon «libertad» y «Patria y vida», un lema de las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021.
Poco después se produjeron sucesos similares en otras localidades, entre las que destacaron El Cobre (este), Bayamo (este) y Santa Marta (centro). Estas protestas fueron de menor entidad.
Al día siguiente, en medios no oficiales y redes sociales se dio cuenta de otras manifestaciones, principalmente en Bayamo y El Cobre, donde decenas de personas se concentraron frente a una comisaría a la que se había trasladado a varios detenidos en las protestas.
El gobierno cubano acusó al Ejecutivo de EE UU de causar las protestas -por las sanciones contra la isla- y luego azuzarla, algo que Washington ha negado.
La Habana también convocó al encargado de negocios estadounidense en la isla, Benjamin Ziff, para quejarse por las prácticas «injerencistas» de Washington después de que la legación diplomática pidiese en redes sociales respeto a los derechos humanos de los manifestantes.
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