La Procuraduría General de Colombia se refirió este sábado a la polémica resolución aprobada por el Ministerio de Ambiente en octubre que regula la cuota de pesca artesanal en el país, específicamente la de tiburones.
El Ministerio Público le solicitó a través de una carta a la cartera ambiental que se modifique, suspenda o revoque la medida. Esto debido a que no existe “información científica suficiente, ni claridad sobre el control que se realizará a los pescadores por parte de las autoridades”.
La resolución autoriza la pesca de 125 toneladas de tiburón. De las cuales, 5,2 corresponden a aletas, en el mar Caribe colombiano y 350 toneladas de tiburón en el Pacífico.
En la misiva, dirigida a la secretaria General del ministerio de Ambiente, Ana María López Hernández, la Procuraduría señala también que no hay estudios científicos que determinen cuáles son los efectos de la pesca de tiburón en la red alimenticia del ecosistema.
Sustentar datos
El ente de control señaló que para la resolución hace falta conocer datos que soporten el análisis estadístico diferenciado por especies; teniendo en cuenta su tamaño, tasa de crecimiento, edad de madurez reproductiva, entre otros.
Alertó que la Resolución 1743 de 2017 del Ministerio de Ambiente prohíbe la práctica del ‘aleteo’ (cercenamiento de las aletas de tiburón).
Además agregó que la Resolución 350 define que “no se debería incluir el término ‘aleta’, toda vez que se podría interpretar como una autorización de la práctica del ‘aleteo’. Más aún cuando se hace referencia a la pesca artesanal”.
Por último, la Procuraduría aseguró que es necesario que se aclare cómo serán los controles que realizarán las autoridades a la pesca de tiburón.
La polémica por la resolución comenzó después de que ambientalistas y ecologistas criticaron la medida, asegurando que la cuota fijada era exagerada. Este tema también ha sido incluido en las críticas a las medidas del gobierno durante el paro nacional, que ya completa 10 días de manifestaciones en el país.