La Oficina del Procurador Especial del gobierno de Juan Guaidó se comunicó este jueves con el escritorio jurídico Foley & Lardner LLP por la supuesta contratación del régimen de Nicolás Maduro.
La Oficina indicó que Maduro no está en las facultades de contratar a despachos de abogados o a cualquier representante legal. «El régimen sigue desviando recursos públicos en pagos de juristas. Usurpan la representación del Estado», publicaron.
Un funcionario designado por Nicolás Maduro contrató los servicios legales y de cabildeo ante el gobierno del presidente Donald Trump. Así lo indica el registro de agentes extranjeros del Departamento de Justicia.
Reinaldo Muñoz Pedroza, procurador designado por Maduro en 2015, contrató por 12,5 millones de dólares a la firma estadounidense Foley & Lardner LLP.
El acuerdo establece que la firma brinde asesoría legal y de procedimientos ante tribunales y agencias estadounidenses, entre ellas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro.
La firma legal ha debido elaborar, entre sus servicios, una estrategia para acercarse al gobierno estadounidense con miras a sacar a Muñoz Pedroza y a otros afectados de la lista de sanciones económicas que el Ejecutivo de Estados Unidos ha impuesto contra funcionarios y entidades venezolanas afines a Nicolás Maduro.