Casi inmediatamente después de que el expresidente Pedro Castillo fuera destituido y encarcelado por su fallido intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto el 7 de diciembre, sus partidarios en el sur rural de Perú salieron a las calles a protestar.
Dos meses después, las protestas se han extendido por todo el país, dejando más de 60 muertos, las principales arterias de transporte y las minas de cobre paralizadas, y edificios cercanos al centro de poder político de Lima quemados hasta los cimientos.
Los manifestantes, una amalgama de organizaciones sociales y políticas, comunidades indígenas, sindicatos y miembros de la clase campesina peruana, han planteado unas cuantas reivindicaciones claras:
- La renuncia de la presidenta Dina Boluarte, que fue vicepresidenta de Castillo antes de asumir la jefatura del Estado tras su marcha, y la convocatoria de nuevas elecciones.
- La disolución del Congreso, que históricamente ha tenido pésimos índices de aprobación entre el electorado peruano.
- Una nueva asamblea constitucional para reemplazar la actual Constitución de Perú, que fue establecida en 1993 bajo el encarcelado presidente autoritario Alberto Fujimori.
Peru Reports habló con uno de los líderes de la protesta, el secretario general adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) Gustavo Minaya, para entender mejor las demandas de los manifestantes y los factores políticos, sociales y económicos que las impulsan.
Insatisfacción política en Perú
A pesar de que la presidenta Dina Boluarte fue miembro de la administración de Castillo (Castillo era activista y maestro de escuela de la sierra andina rural de Perú antes de asumir el cargo), los manifestantes han pedido su destitución, alegando que se ha vendido a la clase política dominante de Perú.
«Boluarte ha traicionado sus compromisos, al partido por el que fue elegida y los objetivos que perseguía», afirmó Minaya.
Gustavo Minaya, dirigente de la CGTP. Crédito: CGTP
«Boluarte y el actual presidente del Congreso, José Williams, representan los intereses de grupos económicos de derecha y ultraderecha, que en este momento se han apoderado del gobierno a pesar de haber perdido las elecciones de 2021», añadió.
En la última encuesta de Ipsos, la encuestadora más reconocida del país, 71% de los peruanos rechaza la gestión de Boluarte al frente del gobierno.
A otros miembros del gabinete no les fue mucho mejor. Según la misma encuestadora, el Primer Ministro, Alberto Otárola, recibió sólo 20% de aprobación, mientras que 61% de los peruanos desaprueba su gestión.
El Congreso también es visto con desdén por el electorado. El índice de aprobación del Congreso es de un mísero 14%, mientras que 62% de los peruanos desaprueba al presidente del Congreso, José Williams.
Boluarte no ha renunciado, pero ha pedido al Congreso que acelere las elecciones dos años, hasta 2024, una medida que no ha apaciguado a los manifestantes.
«Me iré cuando ustedes, diputados, hayan votado. Desde el Ejecutivo hemos convocado las elecciones generales. Nadie quiere quedarse en el poder, no tengo ninguna intención de quedarme como presidenta», dijo.
Los poderes legislativo y ejecutivo de Perú tienen un largo historial de disputas políticas, lo que ha contribuido a elevados índices de desaprobación y, según el doctorando de Princeton Will Freeman, a una democracia disfuncional.
En un artículo de opinión para Foreign Affairs, Freeman escribe que el sistema peruano de controles y equilibrios se ha convertido en un arma. «Es demasiado fácil para el Congreso destituir al presidente y para el presidente cerrar el Congreso. Hasta que las reformas no impidan que el presidente y el Congreso abusen de sus poderes para controlarse mutuamente, Perú seguirá cayendo en una espiral», escribió Feeman.
Mientras los políticos peruanos discuten, la situación de los peruanos de a pie se complica.
Una mujer participa en una protesta contra Dina Boluarte. Foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP
Causas profundas del descontento
Las protestas han puesto de manifiesto lo que The New York Times ha denominado un «referéndum sobre la democracia» en el país.
Los manifestantes están enfadados por la creciente brecha entre ricos y pobres y por lo que algunos consideran una Constitución establecida para beneficiar a la élite del país.
Con 25,9% de peruanos viviendo en estado de pobreza según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), sólo 21% de los ciudadanos está satisfecho con el estado de la democracia, según un estudio de Usaid y la Universidad de Vanderbilt.
Para Minaya, líder sindical, la actual Constitución del país, ratificada durante el gobierno del encarcelado líder autoritario Alberto Fujimori, codifica la desigualdad de Perú.
Un afiche en contra de la presidenta Dina Boluarte, en Cusco, Perú. Foto: Iván FLORES / AFP
La actual Constitución «debe ser cambiada porque no respeta ni incluye los derechos fundamentales que están reconocidos en los tratados internacionales», dijo Minaya.
Dijo que una nueva Constitución debería incluir derechos básicos como «el derecho al trabajo, a negociar la soberanía de nuestro país o cambiar las reglas económicas que sólo benefician a un sector de empresarios».
También pide más derechos para la mano de obra peruana. «Aquí un trabajador puede ser despedido con una simple carta y para conseguir su readmisión por despido improcedente deben pasar años», añadió.
Aunque el sindicato de Minaya no ha esbozado ninguna demanda formal para una nueva Constitución, y dijo que el sindicato no está «imponiendo nada», sí dijo que los «ciudadanos deben decidir finalmente si realmente quieren un nuevo contrato social».
«Explicaremos ampliamente las razones en su momento», añadió.
Por su parte, la presidenta Boluarte ha dicho -sin aportar pruebas- que las protestas han sido «incitadas por grupos radicales que tienen una agenda política y económica basada en el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.»
Escrito por Diego López Marina en PeruReports
Jim Glade contribuyó a la escritura de este artículo.