El primer ministro de Perú, Pedro Angulo, afirmó este domingo que «se tienen que investigar» las denuncias de excesos cometidos por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones violentas que dejaron 23 muertos en su país durante la última semana.
«Tengo información que dice que ha habido torturas o desapariciones de personas que todavía no se sabe dónde están. Esos temas se tienen que investigar, porque eso sí es el exceso. Eso no puede admitirse por ningún Estado», declaró Angulo a la cadena estatal TV Perú.
Agregó que el Ministerio Público debe realizar las investigaciones de esas denuncias. Recordó que el Ejecutivo invitó a un «organismo internacional», en referencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que «verifique si es que hay excesos».
Angulo dijo, sin embargo, que las fuerzas de seguridad de su país han usado la fuerza de manera «legítima» para contener las manifestaciones y protestas que desencadenaron en enfrentamientos y actos vandálicos, sobre todo, en el sur del país y en Lima.
Sostuvo que, por ese motivo, tienen «la convicción de que en las disposiciones que se han dado desde el Ejecutivo, desde la comandancia general de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales, todo ha sido legítimo, todo está amparado en la ley».
Medidas de control del gobierno
El primer ministro también aseguró que las medidas dictadas por el gobierno «están funcionando». Estas incluyen la declaración del estado de emergencia a nivel nacional, así como el toque de queda nocturno en 16 provincias de 8 de las 25 regiones del país.
«Las informaciones que nosotros tenemos es que están funcionando las medidas que hemos tomado. Es decir, se está recuperando carreteras, se está habilitando aeropuertos. También está disminuyendo la violencia de las personas que se han manifestado en la calle», dijo.
Reveló, sin embargo, que tienen «información de inteligencia» de que en, por lo menos, dos lugares del país «se trataría de estar preparando asonadas para el lunes» y que esos «son temas que se está trabajando para prevenir».
«La protesta no es violencia, es un derecho, y que marchen las personas, que presenten carteles, que, de repente, adjetivicen, eso está permitido. El Estado tiene que aceptar que hay críticas, fiscalizacion. Pero el hecho de que destruyan propiedad privada, propiedad del Estado, eso no es admisible, porque esas son acciones paramilitares», remarcó.
Diálogo directo
El jefe del Gabinete informó, además, que está sosteniendo un diálogo directo con representantes de las localidades sureñas de Ayacucho, Andahuaylas y Abancay, que han sido el epicentro de las manifestaciones y donde se han reportado 15 de los 23 fallecidos en el país.
«Tengan confianza en que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, no crean que lo estamos dejando de hacer o no sabemos y alguien nos tiene que decir qué es lo que tenemos que hacer», enfatizó.
Angulo también señaló que la presidenta Dina Boluarte «está analizando» las propuestas que tiene para remodelar el gabinete de ministros, una medida que anunciará durante esta semana, según adelantó la gobernante el sábado.
Protestas en Perú
Las protestas comenzaron el pasado 7 de diciembre en varias regiones de Perú, sobre todo en Lima y el sur andino, luego de que el Congreso destituyera a Pedro Castillo de la Presidencia del país tras intentar dar un golpe de Estado.
Los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte, quien reemplazó a Castillo por sucesión constitucional, y el cierre del Congreso, así como la convocatoria a elecciones generales y a una asamblea constituyente.
Boluarte, que defiende la legalidad constitucional de su gestión, ha enviado un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales en el país para diciembre de 2023, una decisión que aún está pendiente de ser resuelta por el Congreso.
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