El empresario peruano-israelí Josef Maiman se convirtió en colaborador eficaz de la Fiscalía peruana en el caso abierto contra el ex presidente peruano Alejandro Toledo. Esto por los presuntos aportes de la empresa brasileña Odebrecht, según el acuerdo judicial difundido este lunes en Lima.
Maiman es un acaudalado hombre de negocios que prestó las cuentas de sus empresas para recibir un soborno de unos 35 millones de dólares que Odebrecht le entregó a Toledo; todo ello para beneficiarse con la licitación de la carretera Interoceánica Sur durante su gobierno (2001-2006), de acuerdo a las propias declaraciones del empresario a la Fiscalía.
El acuerdo de colaboración eficaz con Maiman fue solicitado por el fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato en el Ministerio Público. Fue aprobado por el juez Richard Concepción, que además dictó algunas medidas adicionales.
El magistrado ordenó que Maiman devuelva unos 14 millones de dólares al Estado peruano; y solicitó la ejecución de una prueba anticipada para asegurar el testimonio del colaborador en el juicio que se abrirá por este caso.
Pacto con Fiscalía contra Toledo
El ex presidente Toledo espera en una prisión de Estados Unidos a que se resuelva el pedido de extradición. Este fue solicitado por la justicia peruana por las investigaciones abiertas por el caso de la Interoceánica sur y de la empresa Ecoteva, formada con Maiman en Costa Rica para transferir el dinero hacia Perú.
Maiman ya había expresado desde 2017 su intención de alcanzar un pacto con la Fiscalía peruana. El órgano de justicia cree que su testimonio ayudará a reforzar las acusaciones contra Toledo.
Mediante las empresas «offshore» de Maiman, ubicadas en paraísos fiscales, los fondos fueron presuntamente traspasados a la sociedad Ecoteva. Esta sociedad fue fundada en 2012 en Costa Rica por la suegra de Toledo, Eva Fernenbug.
Desde esa empresa costarricense, Toledo supuestamente pagó las hipotecas millonarias de las propiedades inmobiliarias que adquirió tanto en Lima como en las playas del norte de Perú.
Toledo está imputado por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias. Desde febrero de 2017 tiene una orden captura internacional y un mandato de 18 meses de prisión preventiva.
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