El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, prometió este martes un proceso de cierre «ordenado y seguro» de la mayor mina de cobre de Centroamérica, de capital canadiense, después de que la Corte Suprema declarara «inconstitucional» su contrato de concesión.
La aprobación del contrato minero por parte del Congreso, el 20 de octubre, desató las mayores protestas en Panamá desde la caída del dictador Manuel Noriega en 1989, semiparalizando al país por más de un mes con bloqueos de rutas, brotes de violencia, escasez de alimentos y millonarias pérdidas.
«Tan pronto se recibirá la comunicación formal del fallo que declara inconstitucional» el contrato minero «se procederá de inmediato a su publicación en la Gaceta Oficial y se iniciará el proceso de transición para un cierre ordenado y seguro de la mina», dijo Cortizo en un mensaje al país por televisión.
«Por el impacto en la sociedad panameña del proceso de cierre» cada decisión que se adopta «tiene que ser atendida de manera responsable, inclusiva y participativa», agregó el mandatario, quien fue criticado por su «inacción» ante los bloqueos.
La Corte Suprema declaró este martes «inconstitucional» el contrato entre el gobierno panameño y la minera canadiense First Quantum Minerals (FQM) para operar por 40 años la mina, que tiene unos 50.000 trabajadores directos e indirectos.
Tras el anuncio se desataron celebraciones en distintas partes del país y comenzaron a ser levantados los bloqueos de rutas.
Por la tarde, cientos de panameños festejaban el fallo de la Corte, dictado el día en que Panamá conmemora su independencia de España, en un acto en una avenida del distrito financiero de la capital.
«Es un fallo trascendental, no solamente para el futuro de Panamá, si no para nuestra defensa en los tribunales internacionales. Ninguna empresa extranjera puede venir aquí a zarandearnos sus millones y decir que porque invierten pueden hacer lo que les da la gana», dijo a la Afp la ambientalista Raisa Banfield.
Las protestas y los bloqueos de rutas han provocado pérdidas por más de 1.700 millones de dólares, según gremios empresariales.
La minera dijo en un comunicado que «desde el inicio» ha operado «con transparencia y estricto apego a la legislación panameña» e insistió en un «diálogo».
La compañía aseguró que «también ha escuchado el clamor popular». Por tal razón, agregó, se mantendrán «atentos al diálogo constructivo que permita definir un curso de acción que satisfaga ese clamor» y «los intereses y expectativas legítimas» de la inversión.
Moratoria minera
La protesta estalló después de que el Congreso aprobó el nuevo contrato, que fue rubricado después de que en 2017 la Corte Suprema declarara inconstitucional el acuerdo original de 1997.
FQM argumenta que la mina genera 50.000 empleos, aporta el 5% del PIB y que el contrato incluye el pago de regalías anuales por 375 millones de dólares, diez veces más que el acuerdo inicial.
La mina produce desde 2019 unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre anuales, que representan el 75% de las exportaciones panameñas. Tiene además unos 2.500 proveedores en el país, que le venden mercancías por 900 millones de dólares al año.
Los ambientalistas afirman que la mina daña severamente el medio ambiente. El actor estadounidense Leonardo DiCaprio y la activista sueca Greta Thunberg han hecho referencia a las protestas panameñas en sus redes sociales.
Tratando de minimizar el descontento, el Congreso aprobó el 3 de noviembre una suspensión indefinida de las concesiones mineras y dejó en manos de la Corte Suprema el futuro del contrato.
¿Y ahora qué?
La empresa, que ha invertido en Panamá más de 10.000 millones de dólares, notificó previamente al gobierno su «intención» de «presentar demandas arbitrales», al amparo del Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá de 2013.
Algunos expertos creen que para el gobierno es más fácil defender su postura tras el fallo, ya que podrá alegar que la sentencia le llevó a romper el contrato.
«Claro que uno tiene más fortaleza con un fallo», afirmó a la Afp el abogado Ernesto Cedeño, quien presentó uno de los recursos contra el contrato.
La Cámara de Comercio llamó a aceptar el fallo ya preparar de manera consensuada y técnica para «un cierre ordenado» de la mina.
Felipe Chapman, de la firma de asesoría económica Indesa, dijo a la Afp que «si se cierra (la mina), se pierde su contribución al tamaño del PIB, que tomará algunos años recuperar, igual que los empleos y el ingreso fiscal», pero señaló que el país puede potenciar otros sectores para sustituir a la minería, como el turismo.
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