El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, solicitó este miércoles a la Contraloría que examine su patrimonio y ratificó su renuncia al secreto bancario, tras conocerse la investigación periodística de los Pandora Papers.
«Siendo coherente con la ética y mi vocación de servicio, ratifico mi renuncia al sigilo bancario y solicito respetuosamente a la Contraloría General del Estado que disponga un examen de mi declaración patrimonial jurada», escribió Lasso en su cuenta de Twitter.
La Constitución ecuatoriana establece que los servidores públicos deben realizar una declaración patrimonial al inicio y final de su gestión, y autorizar que se levante el sigilo sobre sus cuentas bancarias.
El mandatario adjuntó en otros trinos la carta enviada a la Contraloría y la resolución en la que el Consejo Nacional Electoral (CNE) calificó su candidatura para las elecciones de 2021.
El presidente de Ecuador y los Pandora Papers
De acuerdo con la investigación periodística internacional sobre la ocultación de activos en paraísos fiscales, Lasso controló 14 sociedades offshore, la mayoría con sede en Panamá, y las cerró después de que el expresidente Rafael Correa (2007-2017) aprobara una ley en 2017 que prohibía a los aspirantes presidenciales tener empresas en paraísos fiscales.
El mandatario, que asumió la presidencia el 24 de mayo, respondió que años atrás tuvo «inversiones legítimas en otros países» y que se deshizo de ellas para competir en las elecciones presidenciales de 2021. Además, sostuvo que sus ingresos provienen de su trabajo de décadas en el Banco Guayaquil, uno de los más importantes del país.
Lasso, de 65 años de edad, también invitó a los miembros de la Comisión de Fiscalización del Congreso para que le planteen «las preguntas que estimen pertinentes» sobre los «Pandora Papers». «Como funcionario público, es mi obligación aclararle al pueblo ecuatoriano cualquier inquietud», agregó.
Los «Pandora Papers» evidenciaron que personalidades y líderes de todo el mundo -336 políticos de alto nivel- recurrieron a paraísos fiscales para administrar cientos de millones de dólares. Entre los señalados también están los presidentes de Chile, Sebastián Piñera, y de República Dominicana, Luis Abinader.