El presidente argentino, Alberto Fernández, anunció este domingo en su mensaje de año nuevo que impulsará el juicio político al presidente del Supremo. Requerirá que se investigue la conducta de los restantes miembros del máximo tribunal de justicia.
«He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones», anunció en un comunicado.
También, requerirá que se investiguen las conductas de los restantes miembros del Supremo.
Se trata de un capítulo más de la tensión política entre el Poder Ejecutivo -encabezado por el presidente, Alberto Fernández, y la vicepresidenta, Cristina Fernández- y la Corte Suprema de Justicia.
Alberto Fernández se mantiene firme contra el Supremo
La tensión política escaló al punto de generar un conflicto institucional cuando Alberto Fernández, que cuenta con el apoyo de 14 gobernadores provinciales, amenazó con rechazar el fallo del Supremo que ordenó al Estado restituir al gobierno de la ciudad de Buenos Aires -gobernada por un opositor- 2,95% de fondos de la coparticipación federal que habían sido quitados en 2020 para destinarlos a la provincia de Buenos Aires -gobernada por el oficialismo-.
El conflicto entre el gobierno y la ciudad de Buenos Aires por la coparticipación de los fondos federales ocurre a las puertas de un año marcado por los comicios presidenciales. En estos el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se perfila como uno de los candidatos dentro de la coalición opositora Juntos por el Cambio.
Las diferencias entre el Ejecutivo y el Supremo también comprenden las decisiones relativas a la composición del Consejo de la Magistratura -el órgano que nombra, sanciona y remueve jueces-.
«Debo impedir que se siga manipulando el Consejo de la Magistratura con insólitas interpretaciones jurisprudenciales que permiten al Poder Judicial entrometerse en las decisiones del Congreso Nacional. Es mi deber promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica», justificó el mandatario en su mensaje.
Filtración de información
En los últimos días se sumó la filtración de supuestos chats telefónicos entre el ministro de Justicia y Seguridad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, y un portavoz del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Silvio Robles. Supuestamente en ellos también participa el titular de una empresa de grúas contratada por la ciudad.
En esos mensajes se tocan situaciones como el conflicto judicial que enfrenta el gobierno con la oposición por la composición del Consejo de la Magistratura y se hace referencia al «fallo Robles», que algunos medios relacionan con la resolución de la Corte que el 21 de diciembre benefició a Buenos Aires por la disputa por la restitución de fondos federales.
Alberto Fernández fundamentó el pedido de juicio político en «diversas publicaciones jamás contradichas» que «han dejado al descubierto» el «vínculo escandaloso entre parte de la política y la Justicia».
El mandatario explicó que «las conductas, los diálogos entre funcionarios judiciales y políticos de la oposición en los que se anticipan decisiones y recomiendan fundamentos políticos para ser usados a la hora de decidir judicialmente casos con trascendencia institucional indudable, han quedado impúdicamente expuestos ante el asombro generalizado».
En su mensaje de inicio de año, el mandatario argentino dijo que también ordenará al ministro de Justicia y Derechos Humanos que «promueva las acciones penales pertinentes para que se investiguen los presuntos hechos de corrupción que involucrarían a funcionarios de la ciudad de Buenos Aires con empresarios contratistas de ese estado autónomo».
El juicio político requiere de la intervención de la Cámara de Diputados y de Senadores con mayorías especiales de dos tercios de sus miembros, con las que no cuentan ni el oficialismo ni la oposición.
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