La presidenta de Perú, Dina Boluarte, aseguró este lunes que la denuncia presentada en su contra por la fiscal general, Patricia Benavides, por las muertes en las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023 es una «deleznable maniobra política» con la que pretende «distraer la atención» de la ciudadanía.
Boluarte afirmó en una declaración en el Palacio de Gobierno que Benavides «tiene que responder ante las instancias correspondientes de manera clara y precisa», por la investigación abierta por la unidad anticorrupción de la Fiscalía y que señala a la fiscal general de encabezar una presunta red criminal en el Ministerio Público acusada de tráfico de influencias.
La jefa de Estado respondió de esta forma a la denuncia constitucional presentada por Benavides en su contra por las muertes de manifestantes en las protestas antigubernamentales de finales de 2022 y comienzo de 2023, junto al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y tres exministros del Interior.
Boluarte señaló que le causa «extrañeza» que la denuncia en su contra «haya sido presentada luego que la ciudadanía tomara conocimiento de los allanamientos y detenciones del equipo de la fiscal de la nación por presuntos actos de corrupción».
«Es sospechoso y grave»
La mandataria agregó que el viernes había sido notificada por la fiscal sobre la prolongación de la investigación en el caso de las muertes de los manifestantes para los próximos ocho meses, pero que hoy se formaliza la denuncia en su contra, tras el inicio de otro proceso contra la propia Benavides.
«Es sospechoso y grave», dijo Boluarte, quien recordó que también en esta jornada dos fiscales supremos han exigido la renuncia de la jefa del Ministerio Público.
En ese sentido, convocó a las autoridades políticas y jurisdiccionales del país a «defender el Estado de derecho, la estabilidad económica y los derechos fundamentales de 33 millones de peruanos».
Igualmente, hizo un llamado a la calma y la tranquilidad, acompañada por el gabinete de ministros en un salón del Palacio de Gobierno.
Transparencia y celeridad
La gobernante expresó el «pleno respeto y defensa de la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y la autonomía de los organismos constitucionales, la independencia del Ministerio Público y los procesos que se resuelven en sus fueros internos».
Agregó que las investigaciones iniciadas que comprometen a la fiscal de la nación y su equipo «deben realizarse con absoluta transparencia, celeridad y respetando el debido proceso legal».
Este lunes se llevó a cabo la operación «Valquiria V», a cargo del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (Eficcop), que considera que Benavides es la cabeza de una red criminal de tráfico de influencias.
Como parte de este operativo, detuvo al que era hasta ayer el gerente central del Despacho de la Fiscalía, Jaime Villanueva.
«Ataque premeditado»
Benavides afirmó en su mensaje que esta investigación es «un ataque premeditado» de quienes se oponen a su labor.
Horas antes, la fiscal general había anunciado la denuncia constitucional ante el Congreso contra Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, por las muertes en las protestas antigubernamentales, entre diciembre y febrero.
«Informo que he formulado una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra los ciudadanos Dina Boluarte y Luis Alberto Otárola», dijo en una declaración en la que aseguró que la investigación abierta en su contra «tienen como propósito» amedrentarla para que no continúe su «lucha contra la impunidad».
También contra los tres exministros de Interior que ocuparon la cartera durante la ola de protestas, César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero. A los cinco los denuncia por la presunta comisión de delito de homicidio calificado.