La presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió este jueves a la Fiscalía que cierre la investigación iniciada contra la ciudadana que el sábado la zarandeó en una visita oficial a Ayacucho, en el sur del país, porque esta pesquisa podría «inspirar una inexistente relación entre víctima y victimarios».
«En calidad de agraviada de esta investigación, anuncio que no impulsaré la misma y exhorto al cierre de la investigación si la autoridad lo considera pertinente», reza la carta que Boluarte envió a la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Huamanga respecto a la agresión que sufrió por parte de Ruth Bárcena, viuda de uno de las víctimas de las protestas antigubernamentales del año pasado.
Y añadió que «el acto objeto de esta investigación podría inspirarse en una inexistente relación de víctima y victimarios que se soporta en la deficiente instalación y conducción de la investigación fiscal sobre ese triste periodo para el Perú», señaló en referencia a las 49 muertes en enfrentamientos con las fuerzas del orden en las protestas antigubernamentales de finales de 2022 e inicios de 2023.
Este sábado, Boluarte fue agredida y zarandeada por Bárcena, quien logró burlar las medidas de seguridad y llegó hasta ella durante una visita que realiza a la región surandina de Ayacucho, donde murieron diez personas durante las marchas.
A pesar de la gran cantidad de agentes de seguridad y miembros de la Policía Nacional de Perú (PNP), Bárcena llegó hasta la presidenta, a la que zarandeó durante unos segundos, hasta que intervinieron los guardias de seguridad y arrestaron a la agresora.
Posteriormente, el Ministerio Público anunció el inicio de una investigación a Bárcena por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública en la modalidad de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de las funciones de la mandataria.
«Afecta a diversos derechos fundamentales»
«Debo manifestar que lamento lo ocurrido el pasado 20 de enero de 2024. El impacto de tal acción afecta a diversos derechos fundamentales, así como las reglas de convivencia que impone el sistema democrático. Comienzo señalando que, entiendo y hago mío el dolor de los deudos por lo que trágicamente ocurrió en las manifestaciones violentas de diciembre del 2022, enero y febrero del 2023, hechos que mi gobierno nunca provocó ni instigó», señala la carta de Boluarte.
Afirmó que el inicio de la investigación «por la anterior gestión de la Fiscalía de la Nación» fue «inconstitucional», así como «su utilización con fines políticos», puesto que «soportan imaginarios en determinado sector de la población que rechazo enérgicamente».
«También lamento profundamente que no se haya llevado a cabo una investigación rigurosa y completa, incluyendo a los provocadores de la violencia, antes de reproducir las imputaciones mediáticas que ponen en riesgo al agredido, al propio agresor y al sistema democrático», dijo sobre las protestas.
En este sentido, indicó que esta pesquisa debería comprobar si lo ocurrido fue producto de un uso legítimo o desproporcionado de la fuerza, para recién, luego de ello, poder determinar si se respetaron o no los protocolos y establecer hasta qué nivel jerárquico habría correspondido investigarse.