La presidenta peruana, Dina Boluarte, anunció este viernes el «retiro definitivo» del embajador de Perú ante México, alegando que el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador «viola el principio de no injerencia en asuntos internos» al apoyar al destituido y encarcelado expresidente peruano Pedro Castillo.
El anuncio, hecho en un mensaje televisado al país, ocurre el mismo día en que López Obrador calificó a Boluarte de «espuria». Reiteró que «México va a seguir apoyando al presidente (Castillo) injusta e ilegalmente destituido».
«Rechazo enérgicamente las expresiones formuladas hoy por el presidente de México sobre asuntos internos de Perú, y los inaceptables cuestionamientos que de manera reiterada formula sobre el origen constitucional y democrático de mi gobierno», dijo Boluarte.
López Obrador declaró este viernes a la prensa que tanto la presidenta Boluarte como el Congreso tienen una desaprobación de entre el 85% y 90% en encuestas. «Y aún así ellos mandan con las bayonetas y con la represión, con la fuerza, ya van más de 60 asesinados».
El retiro del embajador de Lima en Ciudad de México, Manuel Talavera Espinar, conlleva a que «las relaciones diplomáticas entre Perú y México quedan formalmente a nivel de encargado de negocios», dijo la mandataria peruana.
Apoyo de izquierda
Boluarte manifestó que el presidente López Obrador «ha decidido apoyar el golpe de Estado que diera el ahora expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022», del cual dijo que generó el «rechazo unánime de las instituciones que integran el orden democrático en Perú» y motivó la destitución constitucional de Castillo por el Congreso peruano.
Castillo, un maestro de escuela de ideología de izquierda, está detenido en Perú desde el 7 de diciembre. Se le acusa de rebelión luego de que intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto.
El expresidente peruano fue arrestado por la policía peruana en su caravana cuando se dirigía con su esposa e hijos a la embajada mexicana en Lima.
La entonces primera dama, Lilia Paredes, sí logró ingresar a la delegación diplomática con sus hijos, y se trasladó a territorio mexicano.
Este jueves Paredes fue recibida por López Obrador. «La abracé y expresé mi solidaridad con el pueblo del Perú, sobre todo con el pueblo humilde, pobre, indígena, humillado», dijo el mandatario.
Según el jefe de Estado mexicano «hay lamentablemente mucho racismo y clasismo, y muchos intereses creados en el Perú» de una parte de la clase política.
Más roces diplomáticos
En su declaración televisada Boluarte manifestó: «El señor López ha decidido afectar gravemente las bicentenarias relaciones de respeto mutuo, amistad, cooperación y voluntad de integración que históricamente han unido a Perú y México, al privilegiar afinidades ideológicas».
El retiro del representante de Lima en México escala aún más la diatriba entre ambos gobiernos desde que Boluarte asumió el poder, lo que López Obrador ha criticado reiteradamente.
El último episodio se había producido la semana pasada, cuando la mandataria peruana acusó a su par mexicano de negarse a entregarle la presidencia rotativa de la Alianza del Pacífico. A ello México respondió que lo consultaría con el grupo de Río.
Previamente, un par de semanas desde la caída de Castillo, Perú había decidido la expulsión del embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, coincidiendo con la aprobación del asilo a la familia de Castillo.
Perú justificó entonces la decisión debido a «las reiteradas expresiones» de México «sobre la situación política del Perú que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos».
Paredes y el expresidente Castillo son investigados por la Fiscalía peruana por presuntamente encabezar una red de corrupción en el poder.
Además de México, también los gobiernos de Colombia, Argentina y Bolivia, todos de izquierda, han apoyado a Castillo y tenido roces con el Ejecutivo peruano.
La semana pasada el Congreso peruano declaró persona non grata al presidente colombiano, Gustavo Petro. Esto a raíz de que expresara que había semejanzas entre la policía peruana y tropas nazis.
A ello se le sumó Boluarte, que recomendó a Petro «gobernar, que también sus calles se están llenando de protestas».
La destitución de Castillo desató una ola de protestas durante dos meses, en las que se produjeron las muertes de al menos 48 civiles en enfrentamientos con cuerpos de seguridad, y más de un millar de heridos.