El Observatorio de Derechos Humanos (HRW por sus siglas en inglés) y Foro Penal denunciaron y documentaron en un informe que el gobierno ha cometido abusos sistemáticos en contra de manifestantes opositores.
«El gobierno venezolano ha empleado en forma sistemática fuerza bruta, incluidas, torturas en contra de adversarios del gobierno y opositores políticos», indicó la misiva.
El informe titulado Arremetida contra opositores: brutalidad, tortura y persecución política en Venezuela, documentó 88 casos de al menos 314 personas, muchas de las cuales describieron haber sufrido graves violaciones de derechos humanos en Caracas y 13 estados entre abril y septiembre de 2017.
«Miembros de las fuerzas de seguridad golpearon violentamente a detenidos y los torturaron con descargas eléctricas, asfixia, agresiones sexuales y otras técnicas brutales. También emplearon la fuerza excesiva contra personas en las calles, y detuvieron y procesaron arbitrariamente a opositores del gobierno», detalló el informe.
«Aunque no fue la primera arremetida contra críticos del gobierno, la magnitud y gravedad de la represión en 2017 llegó a niveles inéditos en la historia reciente venezolana», subraya.
El informe se basa en entrevistas realizadas a más de 120 personas, incluidas víctimas y sus familiares, abogados afiliados a Foro Penal que asistieron a víctimas en audiencias judiciales y profesionales médicos que atendieron a personas heridas durante las manifestaciones.
También se evaluaron las evidencias disponibles que corroboraban los testimonios, incluidas fotografías, grabaciones de vídeo, informes médicos y sentencias judiciales, y se consultaron informes y declaraciones oficiales.
«Los abusos perversos y generalizados contra opositores, incluidos casos de torturas aberrantes, y la impunidad total de los agresores sugiere responsabilidad gubernamental en los más altos niveles», dijo José Miguel Vivanco, director para América de HRW.
«No se trata de abusos aislados u ocasionales por parte de agentes insubordinados, sino más bien de una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad venezolanas», agregó.
Antes de la publicación del informe, HRW y Foro Penal compartieron sus conclusiones con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien ha promovido unas audiencias públicas en la organización para determinar si hay base para denunciar a Maduro ante el tribunal de La Haya.
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