Una fiscal de Bolivia informó este lunes que se presentó una «imputación formal» contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) por el presunto «delito de trata de personas agravado» y se pidió la emisión de una alerta migratoria.
La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó que este lunes se presentó «una imputación formal contra Evo Morales Aima y Idelsa Pozo Saavedra, madre de la presunta víctima, por el delito de trata de personas agravado». También indicó que están esperando que el juez cautelar determine la fecha y hora de la audiencia de medidas cautelares.
Según la denuncia, Morales habría cometido los delitos de trata de personas y estupro con una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo, además, en el proceso se indica que los padres de la supuesta víctima se «lucraron» con ella al entregarla al expresidente a cambio de «favores».
La víctima presuntamente pertenecía a un grupo juvenil creado por el exmandatario durante su Presidencia, llamado Generación Evo.
La fiscal afirmó también que se solicitó la alerta migratoria para Morales, así como para Pozo.
Una orden de aprehensión en contra de Morales ya había sido emitida el 16 de octubre y no ha podido ejecutarse por varias razones, como consta en «muchos informes» que ha recibido de la Policía en los cuales se reporta que no ha sido posible dar con su paradero.
«Uno de los informes señala que policías de inteligencia procedieron a buscar a Morales en (la población) de Villa 14 de Septiembre, en el Chapare, porque señaló el lugar (su) domicilio real, pero durante la diligencia se constató que no estaba ahí«, explicó la fiscal en unas declaraciones recogidas por EFE.
Los policías informaron que intentaron buscar a Evo Morales en otros domicilios, pero tras realizar labores de vigilancia confirmaron que el exmandatario no se encontraba habitando esos lugares.
Cuando se emitió la orden de captura en su contra, sus seguidores organizaron fuertes bloqueos de carreteras durante 24 días, principalmente en el centro del país, para protegerlo. Según explicó la fiscal, esto impidió que la Policía ingresara al Chapare, considerado el bastión político y sindical de Morales.
Otra razón por la cual no se ejecutó la orden de aprehensión fue la necesidad de proteger a los agentes de seguridad, ya que durante los bloqueos varios policías fueron brutalmente golpeados y heridos.
«Pese a los esfuerzos realizados para cumplir con la orden de aprehensión, su ejecución enfrenta riesgos técnicos y operativos significativos», señala un informe policial citado por la fiscal.
La fiscal también insistió: «Aquí no hay nada político. Estamos protegiendo los derechos de una persona que ha sido ultrajada con el consentimiento de sus padres. Presentaremos todas estas circunstancias ante el juez».
Gutiérrez denunció el pasado 3 de octubre que el entonces fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, la apartó de su cargo y detuvo una orden de captura que había emitido contra Morales. Sin embargo, días después, Gutiérrez fue restituida en su puesto y Lanchipa renunció como fiscal general.
Desde octubre, Morales no ha abandonado el Chapare y ha declarado que se encuentra protegido permanentemente por al menos «500 personas».
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