Esteban Torres, que el domingo fue elegido segundo vicepresidente del Parlamento ecuatoriano, acudió este miércoles a la Corte Constitucional para presentar una demanda de inconstitucionalidad por la decisión del jefe de Estado, Guillermo Lasso, de disolver la Asamblea Nacional y pedir la convocatoria a elecciones generales anticipadas.
«Vamos a presentar una demanda de inconstitucionalidad por el fondo contra el decreto firmado y suscrito por el presidente de la República que ilegítima e inconstitucionalmente disuelve la Asamblea Nacional», dijo Torres a la prensa poco antes de presentar la demanda.
«Esto tendrá que decidirlo la Corte, quien deberá decidir qué pasa al final. Si el decreto es declarado ilegal e inconstitucional, la Asamblea seguirá en funciones», comentó el legislador del Partido Social Cristiano, en la oposición.
Agregó que si la Corte ratifica la decisión de Lasso, irán a elecciones: «No tenemos miedo alguno. Pero si esta decisión revierte lo decidido por el presidente de la República, volverán a la Asamblea».
Lasso anunció la llamada «muerte cruzada», contemplada en la Constitución ecuatoriana de 2008, por «grave conmoción interna y política«. Después de haber comparecido el martes ante la Asamblea para presentar su alegato de defensa ante la acusación formulada por la oposición sobre un presunto delito de peculado, que él considera «infundada».
Presidente de Ecuador recurre a «muerte cruzada»
El mandatario recurrió a la «muerte cruzada» antes de que se iniciara el segundo día de debate que debía llevarse a cabo en la Cámara para posteriormente votar la moción de censura, en la que se requieren 92 votos para destituirlo, equivalentes a dos tercios del hemiciclo.
Torres indicó que «muerte cruzada» aplicada por Lasso tiene causales específicas «y ninguna de esas causales es precisamente evitar la votación de un juicio político constitucional, legal».
El ministro de gobierno, Henry Cucalón, anotó que «si cualquier ciudadano, incluso los exasambleístas, creen pertinente presentar los recursos correspondientes ante la Corte Constitucional, es válido y será la Corte quien decida».
Aunque insistió en que «será la Corte quien dictamine», al momento «el decreto está ejecutado, la Asamblea Nacional se encuentra disuelta, está debidamente notificada», subrayó Cucalón.
Torres expresó su esperanza de que «por la situación del país» la Corte Constitucional adopte una decisión «lo más rápido posible para darle claridad, certeza (al país), no solo al ámbito político, no solo a los ciudadanos, sobre todo a la economía, que ha mirado esta decisión como drástica y como absolutamente innecesaria», dijo.
El decreto suscrito por Lasso incluye la petición al Consejo Nacional Electoral para que convoque a elecciones generales anticipadas dentro de un plazo máximo de siete días.