La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó preocupación ante el acoso judicial contra la directora y un periodista del diario ABC Color, de Paraguay. La organización recordó que las demandas penales y civiles suelen usarse para amedrentar a medios y periodistas, y fomentar la autocensura.
La directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo, y el periodista Juan Carlos Lezcano están acusados en tres causas penales. La exviceministra de Tributación durante la presidencia de Horacio Manuel Cartes Jara (2013-2018), Marta González Ayala, presentó una demanda por difamación por seis notas divulgadas entre el 27 de marzo y el 22 de abril de 2019. Pidió como sanción pena privativa de libertad y una compensación de aproximadamente 1.400.000 dólares. Otra querella, por calumnia y difamación, está vinculada a notas divulgadas entre el 15 y el 21 de marzo de 2021. La tercera demanda sobre supuestos delitos contra el honor y la reputación fue presentada por el abogado Jacinto Santa María, esposo de la exviceministra.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, primer ejecutivo de Grupo Opsa, de Honduras, dijo: «Informes y resoluciones de nuestra institución muestran cómo en muchos países las demandas por difamación son utilizadas por funcionarios públicos para contrarrestar las denuncias por corrupción en su contra». Agregó: «El caso de Paraguay nos alarma porque no hemos logrado influir en los legisladores y gobiernos para que descriminalicen la difamación, como sí se logró en otros países del continente».
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, advirtió sobre «el efecto paralizante, intimidatorio, que acompaña estos litigios, el llamado chilling effect, por el cual se busca perjudicar económicamente a los medios y desalentar el periodismo de denuncia, al requerir recursos, expertos y tiempo para atender las demandas».
Canahuati y Jornet señalaron que la SIP viene pidiendo desde hace muchos años que las demandas por injuria y calumnia, cuando involucren a funcionarios, se atiendan en la jurisdicción civil y no criminal. Se ha pedido, además, que para evitar abusos se establezcan límites a los montos de las indemnizaciones, porque muchas veces las reparaciones altas o desproporcionadas tienen la intención de quebrar la sostenibilidad económica de los medios.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, expresa que la reputación «debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público». En l mismo sentido, la Declaración de Salta sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital, de la SIP, en su tercer artículo dice: «En caso de reclamos de carácter civil debe probarse que se actuó con real malicia».
Los directivos de la SIP instaron a las autoridades paraguayas a sumarse a la tendencia de países de las Américas que han acogido los estándares jurídicos interamericanos sobre despenalización de estos delitos, lucha que la SIP abanderó por décadas a través de su Proyecto Chapultepec.
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