La decisión de Argentina de apoyar el informe sobre Venezuela elaborado por la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que denuncia violaciones de los derechos humanos, generó tensiones en el seno del gobierno de Alberto Fernández por la disconformidad de miembros de la facción kirchnerista con ese giro en la política exterior.
La polémica se encendió cuando, en un comunicado emitido el martes, la Cancillería expresaba que, en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU votaría a favor del trabajo realizado por Bachelet e instaba al régimen de Nicolás Maduro a «implementar íntegramente» las recomendaciones de sus informes y a apoyar investigaciones «imparciales y transparentes» sobre las «alegaciones de violaciones de los derechos humanos».
Un «lamentable giro»
Este hecho fue definido como un «lamentable giro» de la política exterior de Argentina por Alicia Castro, exembajadora en Venezuela y el Reino Unido durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), que es la actual vicepresidenta del país y líder del sector kirchnerista dentro del peronista Frente de Todos.
Ya el martes, Castro, afín al kirchnerismo, reprochó en Twitter que el canciller Felipe Solá votó «la Resolución del Grupo de Lima» -en referencia a la alianza de países con gobiernos de centroderecha que desconoce el régimen chavista- «condenando a Venezuela, con (Jair) Bolsonaro, (Iván) Duque, (Sebastián) Piñera, (Martín) Vizcarra, en cuyos países se violan flagrantemente los derechos humanos».
Este miércoles en la mañana se conoció que Castro, que había sido propuesta por el gobierno de Fernández para ser embajadora en Rusia pero su pliego aún no llegó a ser aprobado por el Senado, decidió presentar su renuncia a ese cargo por no estar de acuerdo con la actual política de relaciones exteriores.
Durante los gobiernos de los Kirchner, en los que Alberto Fernández fue jefe de Gabinete de ministros, Argentina mantuvo una estrecha relación con la Venezuela chavista, aunque el conservador Mauricio Macri (2015-2019) se alzó como uno de los adalides contra la «dictadura de Maduro» en el Grupo de Lima.
Con su triunfo electoral, Fernández, que siempre ha reconocido a Maduro, decidió no abandonar el Grupo de Lima al justificar que en esa plataforma el país también podría expresar su postura, inclinada a favorecer el diálogo político en el país caribeño para lograr una salida a su dilatada crisis económica, política y social desde la no intervención exterior, y para condenar los bloqueos hacia este país.
Otras voces críticas
La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, defensora de los gobiernos kirchneristas, también se manifestó y dijo que está «avergonzada del canciller», a quien definió como «un tipo que no sabe donde está parado ni qué es lo que está representando».
«Conozco ese pueblo lo que sufrió y lo que le dio Hugo Chávez y conozco a Maduro y conozco lo que está haciendo para sostener ese gobierno, al que lo quieren sacar. Perdón Maduro, perdón pueblo venezolano, perdón por lo que hizo el canciller», recalcó en declaraciones a la radio AM 530.
Por su parte, el dirigente social Luis D’Elía mostró su inquietud por la situación y llegó a anhelar una llamada telefónica de Fernández a Maduro que «ayude a ordenar las cosas».
«Sinceramente creo que si hoy hay un llamado telefónico de Maduro y Alberto, seguramente atrás debe estar la mano de Cristina Fernández de Kirchner y de Cuba, esa Cuba revolucionaria que ilumina permanentemente el continente», opinó. Consideró que, «más allá de la bronca», es «el momento de actuar con responsabilidad y respaldar mucho a Cristina».
Una postura de no intervención
El comunicado difundido este martes especificaba que el presidente «dio instrucciones» a la Cancillería sobre la posición que debía fijar la representación argentina en Ginebra ante los proyectos en relación con la situación en Venezuela que se iban a tratar en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
«El diálogo y la cooperación con las autoridades, las respuestas eficaces a las exhortaciones manifestadas en los diferentes informes, sumados a los mecanismos de protección esenciales, son fundamentales para revertir la actual situación en derechos humanos en Venezuela», destacaba el texto.
No obstante, se hacía hincapié en que Fernández sostuvo «una vez más» que deben condenarse los bloqueos y las sanciones que, «pretendiendo presionar a las autoridades», agreden especialmente a los venezolanos y contribuyen a un «sufrimiento aún mayor del mismo, dada la grave situación económica y social en la que se encuentra».