El Poder Judicial de Perú postergó el inicio del juicio oral previsto para este jueves por la muerte de la joven periodista Melisa Alfaro, fallecida en 1991 por la explosión de un sobre bomba, presuntamente preparado por el Servicio de Inteligencia del Ejército, durante el gobierno del entonces presidente Alberto Fujimori.
Según confirmó a Efe Gloria Cano, abogada de los familiares de Alfaro, el órgano judicial canceló la audiencia porque aún no ha resuelto la nulidad de una resolución planteada por la defensa del militar retirado Julio Salazar Monroe, quien fue jefe del Servicio de Inteligencia Nacional entre 1991 y 1998.
De esta manera, se dispuso el aplazamiento de las declaraciones de los implicados en el caso, entre ellos Fujimori (1990-2000) y su ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, como presuntos autores mediatos (con dominio del hecho) de la muerte de la periodista, y el exmilitar Víctor Penas como presunto autor directo del atentado.
«Ayer nos notificaron que se suspendía. De acuerdo a la resolución que hemos recibido, hay un pedido de Julio Salazar Monroe, uno de los acusados, porque había planteado una nulidad de una resolución y la sala había omitido resolverla», explicó Cano a Efe.
La abogada detalló que, a pesar de que la sala «ya había señalado en una resolución que este planteamiento lo podrían ver en el inicio del juicio oral, se ha seguido insistiendo y finalmente ha señalado que, antes del inicio del juicio oral, va a resolver la nulidad planteada por Salazar Monroe».
La vista de la causa de esta nulidad, agregó Cano, quedó fijada para el próximo 15 de julio.
«El 15 de julio deben de escuchar y votar si aceptan o no el pedido de nulidad de Julio Salazar Monroe, que creo yo que no, y a partir de allí tendrían la posibilidad de iniciar (el juicio oral). En julio, tal vez», pronosticó.
A pesar de la suspensión de la audiencia, los familiares de Alfaro realizaron esta mañana una acción simbólica frente a la Sala Penal de Lima «para demandar a los magistrados que, en el desarrollo del juicio oral e investigación fiscal, prevalezca el derecho a la justicia de la víctima y sus familiares».
En una nota de prensa, los familiares de Alfaro pidieron el pasado lunes transparencia en el proceso judicial e insistieron en que se ejecute una «sanción efectiva y oportuna» para Fujimori y Montesinos, quienes ya cumplen una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.
«Que el juicio oral sea conducido con transparencia y que la sanción por el asesinato de la periodista no siga prolongándose por más años», reclamaron tras recordar que los padres y hermanos de la periodista esperaron más de 30 años «para que los autores políticos y materiales sean sentados en el banquillo de los acusados y respondan ante un tribunal de justicia por el asesinato de la joven».
En octubre de 1991, Alfaro tenía 23 años de edad y era jefa de informaciones del semanario Cambio, un medio que cuestionó en varias ocasiones la gestión del Gobierno de Fujimori.
El día 10 de ese mes, en su centro de trabajo, la joven recibió un sobre que estaba dirigido al director del medio y contenía 200 gramos de ambo-gelatina, un material explosivo que detonó y le causó la muerte.