Un mes después de los comicios, los peruanos siguen sin conocer al ganador oficial del polarizado y ajustado balotaje que enfrentó a Pedro Castillo y Keiko Fujimori, a la espera de que la corte electoral resuelva los pedidos de nulidad presentados por el partido fujimorista Fuerza Popular.
Con el escrutinio completo, el candidato izquierdista y maestro de escuela rural se impone en la contienda con el 50,12% de las preferencias, tras superar a su rival por apenas unos 44.000 votos.
Pero el dato objetivo ha sido frenado por los recursos legales del fujimorismo, que han dilatado la proclamación oficial de quien tomará las riendas del país a partir del próximo 28 de julio, cuando concluirá el régimen de transición que preside Francisco Sagasti.
Con la cuenta atrás, según la información más reciente de los entes electorales, se estima que el anuncio del vencedor se ofrecerá, a más tardar, a fines de la primera quincena de julio, por lo que esta sería la primera vez que la oficialización de un gobernante peruano se estira tanto en el tiempo.
Denuncias de «fraude»
Desde la noche del lunes siguiente a la jornada electoral del 6 de junio, cuando la ventaja de Castillo sobre la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) era evidente, la candidata derechista denunció, sin mostrar pruebas fehacientes, la existencia de un «fraude sistemático».
Dos días después anunció que, «para defender el voto», pedía anular unas 800 actas «fraudulentas», equivalentes a 200.000 sufragios concentrados en zonas del interior rural y pobre del país, abrumadoramente favorables a su contrincante.
Todas estas reclamaciones fueron rechazadas en primera instancia por los Jurados Electorales Especiales (JEE), la mayor parte de ellas por defectos formales (falta de pago de tasas o por haber sido presentadas fuera de plazo) pero también por ausencia de pruebas.
En este contexto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el órgano supremo electoral peruano, decidió, a pedido de los fujimoristas, alargar 48 horas el plazo para admitir a trámite estos recursos, pero tras un día de tensiones y críticas dio marcha atrás ante la comprobación de que transgredía normas legales, incluidas varias establecidas por el Tribunal Constitucional.
Revés tras revés
Ahora, los pedidos de nulidad están en manos del JNE, que en última instancia comenzó hace quince días a rechazar de forma definitiva las apelaciones del equipo legal de Fuerza Popular.
Hasta la fecha, el partido de Fujimori ha perdido todos los casos interpuestos sobre temas de fondo, en un total de 29 expedientes.
Este revés se suma al aval de las misiones de observación electoral que supervisaron los comicios y rechazaron ampliamente el posible «fraude», entre ellas la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), la Asociación Civil Transparencia y la Defensoría del Pueblo.
Incertidumbre y crispación
A la espera de las resoluciones finales y la proclamación oficial por parte del JNE, la incierta y crispada coyuntura electoral sacó a flote campañas de descrédito, hostigamiento y discriminación en horas cruciales para la democracia del país.
La tensión tuvo su eco en las redes sociales y también en las calles de Lima, que durante varios días consecutivos se llenaron de miles de partidarios tanto de Castillo como de Fujimori que salieron a defender sus opciones políticas.
El panorama se recrudeció cuando un grupo de militares en retiro pidió a los altos mandos de las Fuerzas Armadas no reconocer a Castillo como presidente electo.
Un nuevo capítulo salió a la luz el pasado 1 de julio, cuando el exmilitar Pedro Rejas admitió haber participado en un plan ideado por el encarcelado Vladimiro Montesinos, el exasesor presidencial de Alberto Fujimori, para conseguir que la candidata sea reconocida como ganadora de los comicios.
Se difundieron grabaciones de diálogos telefónicos en los que Montesinos sugería a Rejas sobornar con un millón de dólares a tres de los cuatro magistrados del JNE, además de afirmar que la candidata y su partido habían «recibido un montón de plata», por lo que la Fiscalía ya ha abierto una nueva investigación por la presunta comisión del delito de lavado de activos.
Neutralidad del ejecutivo
Por su parte, Sagasti, inmerso ahora en una sutil batalla pública con Fujimori con alusiones en términos futbolísticos, desestimó la semana pasada una solicitud que le hizo la candidata para que pida una auditoría internacional de los comicios.
Este martes, en declaraciones desde la región sureña de Ayacucho, Sagasti reiteró su compromiso con el principio de neutralidad y recordó que, en su calidad de mandatario, no puede pronunciarse sobre el proceso electoral ni decir una fecha en la que se deba proclamar al ganador de la contienda.
«Un presidente no es un árbitro, el JNE es el único que tiene la potestad de definir», insistió antes de aseverar que su gobierno estará a disposición de la nueva Administración «por el tiempo que se considere necesario» y «aún más allá del 28 de julio».