La Asamblea Nacional venezolana consideró ilegitimo el nombramiento de los magistrados que conforman el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Por esto, el 21 de julio designó a 33 de sus magistrados para que formaran parte del TSJ.
El régimen de Nicolás Maduro no aprobó este nombramiento y consideró que la designación es nula y que estarían realizando usurpación de funciones que tienen consecuencias judiciales.
Luego de las declaraciones del presidente Nicolás Maduro empezaron a atemorizar a los jueces de la oposición. Se ha registrado que hasta ahora Jesús Rojas Torres y Ángel Zerpa han sido privados de libertad por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Como consecuencia de esto, muchos de los magistrados pidieron protección, en este caso, ha sido a la embajada de Chile. Los protegidos son: Luis Marcano Salazar, Zuleima González, Beatriz Ruiz Marín, José Fernando Núñez Sifontes y Elenys del Valle Rodríguez. También está Roberto Enríquez del Valle Rodríguez, el dirigente nacional del partido socialcristiano (Copei).
Heraldo Muñoz, canciller chileno, informó que la cancillería ya posee un plan y que están dispuestos a dar asilo político al que lo solicite. Se espera que lleguen hasta 60 personas. El portal alemán DW entrevistó a varios especialistas para analizar porque los magistrados designados por la Asamblea Nacional este año piden protección en la Embajada chilena.
John Magdaleno, politólogo venezolano, considera que las razones centrales por las que los magistrados huyeran son: lazos familiares, solidez democrática y empatía histórica. “En primer lugar, Chile tiene una tradición importante en materia de institucionalidad democrática. Siempre se ha considerado en América Latina que Chile es un país con instituciones democráticas sólidas. De paso, tiene mucho que aportarle a Venezuela en el sentido de que su transición a la democracia desde un régimen autoritario fue muy peculiar», afirmó.
Además, afirma que Chile «es un país que tiene un vínculo, unos lazos familiares e incluso sociales con Venezuela, surgidos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Por último, Chile está crecientemente sensibilizado con la causa venezolana, precisamente por su reciente experiencia de 17 años de dictadura. Además, siendo Chile un gobierno de izquierda, siendo la presidenta Michelle Bachelet socialista, eso podría ofrecer algunas garantías adicionales».
Yosbert Vásquez considera que los magistrados se van a Chile porque “la cooperación política que existe con la oposición venezolana. El gobierno chileno tiene una cercanía inclusive de legitimidad con algunos liderazgos venezolanos. Eso le da unas credenciales de resguardo a la integridad de los magistrados que no se pueden desaprovechar. Esta cercanía entre el gobierno de Chile y alguna dirigencia de la oposición no es reciente, ha sido una de las más estables que existe entre la oposición venezolana y gobiernos extranjeros”
“Aquí hay que resaltar dos cosas: una es el reconocimiento de parte del gobierno chileno al gobierno venezolano como una amenaza a la democracia y por eso abre las puertas a los perseguidos; y dos, apela al derecho fundamental y universal de respeto a la vida. Este escenario genera malestar y muchísimo rechazo por parte del gobierno venezolano, lo que resulta normal en un gobierno de perfil caudillista y militarista que centraliza las decisiones. El constituyente Diosdado Cabello ya dijo que cualquier gobierno que brinde apoyo a la dirigencia opositora, incluyendo a los magistrados y ex ministros, eran considerados opositores al gobierno Bolivariano. Esto compromete las relaciones y tratados que existen entre ambos países”, puntualizó.
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