A solo un mes de la toma de posesión en Guatemala, la fiscalía no da tregua en la arremetida contra el presidente electo Bernardo Arévalo, quien denuncia un golpe de Estado en marcha para evitar que asuma el poder. ¿Por qué esta ofensiva y hasta dónde puede llegar?
Desde que Arévalo pasó en las elecciones de junio a la segunda ronda, que ganó cómodamente en agosto, la fiscalía buscó cancelar su partido Semilla, solicitó el despojo de su inmunidad, acusó de anomalías al tribunal electoral y, en su avance más reciente, consideró «nulos» los comicios.
La fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos por considerarla «antidemocrática» y «corrupta» , asegura que el Ministerio Público (MP, fiscalía) está cumpliendo su deber de investigar.
Pero analistas estiman que detrás está la poderosa élite conservadora de Guatemala.
¿Qué argumenta la fiscalía?
Sostiene que los comicios deben anularse por irregularidades halladas en la investigación de las actas del conteo de votos, y que decomisó al allanar oficinas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en septiembre.
El resultado de la investigación, que publicó el viernes y entregó el lunes al TSE, señala que hay unos 2 millones de votos -de 5,5 millones emitidos- de los que «no existe certeza en virtud de todas las ilegalidades y falsedades» en actas de las que no se tienen «las originales».
El TSE adelantó el viernes que los resultados electorales son «inalterables», en tanto que Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA y la ONU condenaron lo que consideraron un intento de ruptura del orden constitucional.
El MP dijo además que «el 32% de los afiliados» cuyos nombres se usaron en 2018 para crear el partido Semilla «son falsos» y que éste no registró algunos fondos de financiamiento electoral, por lo que señaló a Arévalo de «posible» lavado de dinero.
El presidente electo negó esas acusaciones y calificó las acciones de la fiscalía de un «golpe al corazón de la democracia».
«Estamos aquí para cumplir con nuestras obligaciones, le guste a quien le guste, lo acepte quien acepte (…) no sólo por mandato de ley sino por mandato del de allá arriba (Dios)», dijo recientemente la fiscal Porras.
¿Qué hay detrás de la ofensiva?
Guatemala, donde 60% de sus 17,6 millones de habitantes vive en la pobreza, ocupa el puesto 30 en el ranking mundial de corrupción, entre 180 países, según Transparencia Internacional.
Edie Cux, director de Acción Ciudadana, versión local de esa oenegé, afirmó que los grupos del poder político y económico «ven como una amenaza» al hijo de quien fue el primer presidente democrático de Guatemala, Juan José Arévalo (1945-1951), impulsor de reformas sociales.
«La fiscalía actúa como instrumento de estos grupos de poder tradicionales, que incluso tienen vínculo con el crimen organizado», comentó Cux a la AFP.
Carmen Aída Ibarra, del movimiento civil ProJusticia, aseguró que existe un «entramado de corrupción» en el que participan «congresistas, empresarios, alcaldes» y otros funcionarios, en sobornos, asignación de obras públicas «sin probidad» y contratos a sobreprecio.
Esos grupos temen también que acabe la dinámica «de elección de magistrados, fiscales» y otros funcionarios por meros intereses políticos, opinó Miguel Ángel Sandoval, con formación en sociología en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París.
Prometiendo una lucha anticorrupción, Arévalo y Semilla -creado por intelectuales y universitarios-, esperanzaron a un país con varios expresidentes condenados o señalados por corrupción.
El sociólogo de 65 años rompe el continuismo de décadas de partidos conservadores al que pertenece el presidente Alejandro Giammattei, quien respalda a Porras y durante cuya gestión se exiliaron fiscales y jueces que denunciaron actos de corrupción.
¿Hasta dónde llegará la fiscalía?
Para el constitucionalista Edgar Ortiz, «el camino al 14 de enero tendrá muchos obstáculos». «La fiscalía tiene mucho poder y efecto intimidatorio. Estamos ante una medición de músculo político», agregó.
Cux coincidió en que «los ataques continuarán, con una clara intención de desgaste e intimidación para que Arévalo gobierne con miedo».
Hasta ahora, apuntó, la Fuerza Armada ha estado al margen, pero si la fiscalía tiene éxito «su balanza la inclinará Estados Unidos y las sanciones internacionales o las garantías que reciba de los grupos de poder».
Sandoval cree que la fiscalía «no puede hacer más»: «El tope lo puso bien claro el TSE. Y la sociedad organizada no acepta nada más que Arévalo asuma».
Pero Ortiz advierte que «los estándares de legalidad se han roto» en Guatemala.
Todo podría recalar en la Corte de Constitucionalidad (máxima instancia judicial), cuyas resoluciones, según analistas, no han sido contundentes para frenar a la fiscalía.
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