El Consejo de Estado de Colombia condenó a la nación a pagar 23.000 millones de pesos, equivalentes a 6,2 millones de dólares, a los familiares de los 11 diputados del departamento del Valle del Cauca que fueron secuestrados en 2002 y asesinados 5 años después por la entonces guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
El máximo tribunal ordenó pagar esa suma a los integrantes del proceso y «a los que se integren con posterioridad dentro de la oportunidad legal».
Con esta decisión, el Consejo de Estado revocó una decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que había negado la indemnización a los familiares y consideró que la nación, por medio del Ministerio de Defensa y de la Policía, tiene responsabilidad en el secuestro de los funcionarios públicos.
En abril de 2002, las FARC secuestraron a 12 diputados de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca que estuvieron 5 años cautivos, hasta junio de 2007 cuando fueron asesinados por la guerrilla y de los 12 solo 1, Sigifredo López, sobrevivió.
Decisiones del Consejo de Estado
El Consejo de Estado ordenó al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y al director de la Policía, general Óscar Atehortúa, realizar un acto público de aceptación de responsabilidad, petición de disculpas y reconocimiento a la memoria de los 11 diputados asesinados en San José de Tapaje, en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador.
También determinó «la construcción, por parte de las entidades demandadas, de un monumento conmemorativo en la Asamblea Departamental del Valle del Cauca para preservar la dimensión objetiva de los derechos gravemente lesionados y dar muestra de la firme voluntad estatal de que lo acontecido no volverá a repetirse».
Igualmente la Policía y el Ministerio de Defensa deberán realizar campañas de capacitación en todos los comandos, batallones, unidades y patrullas militares en materia de procedimientos militares y policiales según los estándares convencionales y constitucionales.
El partido FARC pide perdón
Antes de que se conociera la decisión, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), surgido de la desmovilización de la guerrilla, pidió perdón público a las víctimas y a los familiares de las personas que secuestró y aseguró que se arrepienten del dolor causado.
«Hoy, 14 de septiembre de 2020, reunidos quienes conformamos el antiguo Secretariado de las FARC-EP y quienes firmamos en 2016 el acuerdo de paz, estamos aquí para, desde lo más profundo de nuestro corazón, pedirle perdón público a todas nuestras víctimas de secuestro y a sus familias», dice una declaración firmada por ocho antiguos miembros del secretariado de las FARC, entre ellos Rodrigo Londoño, su último jefe.
Los firmantes
El documento lleva las firmas del actual senador por las FARC, Julián Gallo, además de las de Jaime Alberto Parra, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Pablo Catatumbo Torres, Milton de Jesús Toncel Redondo, Juan Emilio Cabrera y Rodrigo Granda.
Señalaron que «entienden el dolor causado a las familias que vivieron un infierno esperando tener noticias de sus seres queridos, imaginando si estarían sanos y en qué condiciones estarían siendo sometidos a seguir la vida».