El borrador de una resolución del gobierno colombiano para regular el aborto desató una polémica este jueves en el país, por lo que sectores conservadores consideran que es un atentado contra la vida.
El Ministerio de Salud y Protección Social publicó el pasado 9 de octubre el borrador que elaboró por orden de la Corte Constitucional. El mes de octubre era el plazo máximo para la regulación del aborto.
Un derecho
En dicho documento, que trascendió este jueves, las autoridades destacaron que los «derechos reproductivos se basan en el principio de la dignidad humana y en los derechos a la autonomía, intimidad y a la autodeterminación reproductiva» y que en el país esta práctica está despenalizada en tres casos.
El primero de ellos es cuando el embarazo representa un peligro para la vida de la madre, cuando exista una malformación en el feto que haga inviable su vida. Asimismo, es permitido si fue producto de una violación.
Por lo anterior, el ministerio pretende adoptar el marco normativo para que se garantice el derecho fundamental del aborto en esos casos. Estipula que esta directriz debe ser acogida de forma obligatoria por todas las entidades que presten servicios de salud.
Ante dichas aspiraciones, partidos políticos de tipo conservador y la Iglesia católica rechazaron el borrador. Ante ello, pidieron al presidente Iván Duque que ordene al ministerio inhibirse de expedir la resolución.
El partido Colombia Justa Libres señaló en una carta enviada al mandatario que se están sustituyendo las funciones del Congreso. Asimismo, que se pretenden expedir actos administrativos violatorios de los derechos humanos.
Además, el partido señala que debe ser en el Legislativo donde se tramite y discuta un proyecto de esta naturaleza. Recordó que la bancada apoyó a Duque porque este estaba de acuerdo con su postura pública frente a la defensa de la vida.
Sobre ello, el Ministerio de Salud señaló que para el alto tribunal esa cartera es la «competente para dictar las medidas que aseguren la suficiente y efectiva disponibilidad en el acceso a estos servicios».
Calidad y seguridad
Iván González, viceministro de Salud, afirmó a periodistas que la orden de la Corte Constitucional es recoger trece años de jurisprudencia y regular la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
Aseguró que la resolución no plantea nada distinto «solo el derecho de tener calidad y seguridad frente a la IVE en las únicas tres causas despenalizadas. No plantea nada nuevo ni explora nuevos temas».
Por su parte, el presidente de la Comisión Episcopal de Vida, monseñor Juan Vicente Córdoba, afirmó a la emisora Blu Radio que el alto tribunal no puede «decir que lo que era un delito se convirtió en un derecho».
En opinión de Córdoba, esa corte se está tomando atribuciones «tremendas», pues el encargado de formular las leyes en el país es el Congreso. Rechazó que supuestamente a los médicos se les prohíba recurrir a la objeción de conciencia.
Sobre esta acusación, González aclaró que «la objeción de conciencia de los médicos es un derecho y está protegida en la resolución. No es cierto que se contemplen sanciones penales para los médicos que objeten».
Al respecto, varias organizaciones en contra del aborto hicieron plantones frente al Ministerio de Salud y usaron pancartas con mensajes en contra del borrador del gobierno.