Aunque la orden del presidente Gustavo Petro a su bancada fue seguir adelante con la discusión de sus reformas sociales –en medio de la crisis política y judicial desatada por los audios de Armando Benedetti sobre el supuesto ingreso de 15.000 millones de pesos no declarados a su campaña–, este martes siguió creciendo la incertidumbre por el futuro de los proyectos bandera del gobierno.
La U, que estuvo en la coalición oficialista hasta hace pocas semanas, le pidió formalmente al gobierno que aplace las discusiones de las reformas laboral, pensional y de la salud para el siguiente semestre.
“Desde la bancada de la U hacemos un llamado al gobierno nacional para que ante la premura y el ambiente político en el que se están dando los debates en el Congreso, se haga un alto en el camino y se aplace la discusión y votación de las reformas sociales hasta el próximo período legislativo”, dijo la colectividad, que dirige Dilian Francisca Toro, en un comunicado.
Además, hay un cruce de mensajes. Mientras David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, dijo el lunes en la mañana que las reformas se congelaban debido al escándalo de los audios de Benedetti, Alexánder López, quien fue elegido este martes presidente del Congreso, aseguró el mismo lunes en la noche que la instrucción del presidente Petro era seguir adelante con las iniciativas.
“Creemos que todavía nos alcanza (el tiempo) tanto en las comisiones como en las plenarias, para tener los votos y sacar adelante estas reformas”, aseveró López. Agregó que la estrategia será “buscar esos acuerdos” que le permitan al gobierno vencer las resistencias ya declaradas oficialmente por varios partidos.
“No vamos a paralizar el Congreso; si toca, vamos a extras”, comentó tras su posesión.
De hecho, este martes se esperaba que continuara el segundo de cuatro debates de la discusión de la reforma de la salud en la plenaria de la Cámara de Representantes, pero el debate fue aplazado para este miércoles porque la Comisión I de esta corporación se encontraba votando el Código Electoral.
Pero no está tan claro que tengan los votos para aprobar las reformas. Sobre la reforma de la salud, precisamente el martes, el Partido Conservador, que tiene 27 representantes a la Cámara, pidió que se archive el polémico proyecto. A esto se suma que la Alianza Verde, que fue clave para la aprobación del proyecto en la Comisión VII, está dividida. Varios legisladores, como Catherine Juvinao, Katherine Miranda y Cristian Avendaño, pidieron archivar la iniciativa. Y la U, que acompañó varios de los temas más sensibles en el primer debate, optó por el aplazamiento.
Hoy el gobierno solo tiene seguros los 29 votos del Pacto Histórico, los 5 de Comunes y por lo menos la mitad de la Alianza Verde y las curules de paz. Serían unos 60 votos, lo que es insuficiente para que se apruebe la ley.
Sobre la reforma laboral, aunque ya está lista la ponencia, no se ha iniciado la discusión en la Comisión VII de la Cámara. Si bien la ponencia está lista hace tres semanas, no hay ambiente para su debate.
Fuentes del gobierno y del Pacto Histórico le dijeron a este diario que el debate quedaría para el siguiente semestre. En cuanto a la pensional, cuyo trámite se inicia en el Senado, parece haber más consensos, pero todavía no se ha iniciado la discusión.
Aunque se cite a extras, estas tres reformas no alcanzarían a ser aprobadas y el trámite final quedaría para la siguiente legislatura.
No obstante, otras iniciativas vienen avanzando. La Comisión I del Senado aprobó este martes en el séptimo de ocho debates la reforma constitucional que regula el consumo de cannabis de uso adulto en Colombia.
Ahora el acto legislativo, de autoría de Juan Carlos Losada (Liberal) y María José Pizarro (Pacto Histórico), quedó en manos de la plenaria de esta corporación, que en dos semanas aproximadamente decidirá si el proyecto se convierte en ley. Fueron 15 votos por el sí y 4 por el no.
“Hoy nuevamente el Congreso reafirma que es hora de regular para avanzar en una nueva política de drogas, alejada del prohibicionismo y enmarcada en un modelo de regulación”, aseguró Losada. “Estamos a un paso de empezar a abordar de una manera distinta la fracasada lucha contra las drogas en Colombia. La última discusión se dará antes del 20 de junio en plenaria de Senado”, comentó Pizarro.
La iniciativa, según sus autores, busca corregir un vacío en las leyes colombianas. Si bien es legal consumir marihuana en el país, es ilegal venderla y comprarla, por lo que se busca regular la compra y venta del cannabis.
Pero la ambiciosa agenda legislativa del gobierno está en cuidados intensivos, pues de 29 proyectos que pretendían sacar adelante, solo lograrían aprobar unos 10 en esta legislatura.