Si alguien sabe de política antidrogas y relaciones entre Estados Unidos y Colombia es William Brownfield, quien actualmente se desempeña como asesor del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS) y que ha tenido una larga experiencia en el servicio público incluida la de años como subsecretario de Estado para la Oficina de Asuntos internacionales de Narcóticos y Aplicación de la ley, el órgano estadounidense que se encarga de la lucha contra las drogas a nivel mundial y donde manejaba un presupuesto anual de más de 4.000 millones de dólares. Brownfield, además, fue embajador en Colombia (2007-2010) y Venezuela (2004 y 2007).
El Tiempo habló con el experto para conocer sus impresiones sobre los cambios que viene adelantando el nuevo gobierno de Gustavo Petro en materia antinarcóticos y su posible impacto en las relaciones con Washington. Para Brownfield, si bien hay una ventana de posibilidad para que Petro explore alternativas diferentes, esta no es ilimitada y tiene que estar basada en la realidad.
Según el exfuncionario estadounidense, aunque suene loable intentar que los cultivadores de coca en el país hagan una transición voluntaria a otros productos, se trata de un programa que costaría una fortuna que no existe y que pocos querrán financiar. Además, expresa su alarma por el impacto que tendrá internamente en Colombia una producción de coca fuera de control y teme que el asunto suba de temperatura y se vuelva a politizar en EE UU, más ahora que arrancan las campañas para las elecciones presidenciales de 2024.
Un reciente reporte de la ONU indica que los cultivos ilícitos en la región, que ya alcanzaban cifras históricas, se han expandido otro 35% y hay reportes de que Colombia ha mermado sustancialmente la erradicación. ¿Qué tanto le preocupa?
El gobierno de EE UU -y de eso estoy seguro- acepta que Colombia tiene un presidente nuevo, electo de manera democrática y que como mandatario tiene todo el derecho de determinar sus políticas en los temas antidrogas. La única obligación que existe es la de cumplir con la convención internacional para el control de drogas que se ratificó el año pasado. Lo que yo veo es esto: hay un problema que no comenzó durante el gobierno de Petro ni el de (Iván) Duque, sino en el de Juan Manuel Santos cuando se decidió cambiar la manera de hacer erradicación en el marco de las negociaciones de paz con las FARC. Desde el 2014 hubo una explosión en la producción de coca cultivada que ha crecido en 350%. Eso es enorme y no se puede ignorar.
William Brownfield / Foto: Archivo EL TIEMPO
Estados Unidos no ha sido tan vocal sobre esto en comparación con años pasados porque esa producción de coca no se ha reflejado tanto en el consumo, que sí ha crecido cerca de 30% desde 2014, mucho, por supuesto, pero aun así no es proporcional a ese 350%. Es decir, que la mayor parte de ese excedente se va a otros países en América Latina, Asia y Europa y son ellos los que están más afectados por dicho incremento.
Diría que en EE UU la coca está en un cuarto lugar entre las prioridades, que las encabeza el fentanilo porque está matando casi 100.000 personas al año, la heroína y los opiáceos, que son producidos en EE UU. En ese sentido, supongo, hay una oportunidad para explorar nuevos caminos de cooperación antidrogas. La mala noticia es que hay menos entusiasmo para poner fondos en ese proyecto, pues la plata se va primero para lo más urgente que es, en este momento, el fentanilo, la heroína y los opiáceos.
Es decir, el mercado ya está saturado, pero ese excedente no llega a Estados Unidos…
Sí. Siempre ha existido una relación simbiótica entre el aumento de la producción de coca y el aumento del consumo. Eso pasó como por cuatro décadas. Ahora, crece la producción, pero no hemos visto una subida proporcional en el consumo. Y eso hace que no haya tanta presión de EE UU, aunque supongo que los europeos y otros países no están tan contentos. El desafío del presidente Petro es mantener el interés de EE UU hacia otro tipo de programas.
Vamos despacio. Como usted mismo dice, el consumo de coca si está creciendo en EE UU y nuevos reportes de los CDC indican que las muertes por sobredosis asociadas con cocaína vienen en ascenso. ¿No cree que eso eventualmente hará que el tema vuelva al radar acá en Washington, especialmente en un ambiente tan cargado políticamente como el actual?
Usted tiene razón y nadie sabe qué pasará en el futuro. En este momento, el fentanilo lo mezclan con heroína y opiáceos para introducirlo en las personas y ese es el negocio de los carteles de México. Pero el otro problema es que en mi país ya hemos entrado en las campañas electorales para los comicios de 2024 y sin duda esa dinámica hace crecer el peligro de politizar el tema de las drogas ilícitas y el grado de colaboración entre Colombia y EE UU. Entre más cerca estemos de una elección, el riesgo crece.
Creo que la preocupación por la coca en 2023 ha bajado en comparación con hace 10 años porque hay menos consumidores. Eso permite ensayar algo diferente. Pero, en mi opinión, esas ideas ya se han pensado antes y creer que a alguien se le va a ocurrir una solución que resuelva el problema mágicamente es poco probable, incluyendo la idea de parar la erradicación forzosa y cambiarla por desarrollo alternativo. Hemos intentado programas así en años pasados y siempre hay problemas. El campesino, que no es criminal, si es buen empresario, no va a eliminar su cultivo si no encuentra algo igual o mejor. Y esos programas son muy costosos. Un programa nacional costaría una fortuna y si no se hace en todo el país no tendría un impacto tan grande. Mi sugerencia es que hay que incorporar ideas nuevas, pero que tengan algún contacto con un mundo real y auténtico. Hablar de un programa que va costar miles de millones de dólares cuando el dinero no está disponible no es una estrategia que tenga buenas posibilidades de éxito.
En su opinión, EE UU no está tan preocupado porque el consumo no se ha disparado aún a niveles alarmantes. Pero, en Colombia, la sobreproducción de coca que encuentra otros mercados puede llenar las arcas del narcotráfico y causar aún más desestabilización. ¿Cómo ve esa dinámica?
Ese es el mayor peligro. Por eso se debe aprovechar la ventana de oportunidad para encontrar nuevas ideas que deben ser prácticas y pragmáticas y tienen que incluir el factor financiero, que es lo que no veo. Mientras tanto, esa cocaína que representa 350% más que hace 10 años y que aún va a los mercados generando ganancias ilícitas, va incitar a más corrupción, menos seguridad y mayores distorsiones económicas.
Eso sumado a que el tiempo disponible para ensayar es bastante limitado y, si se espera demasiado, estas organizaciones criminales pueden penetrar más instituciones. Basta con mirar hacia el este de Colombia donde se puede ver un país cuyo gobierno está totalmente penetrado y hasta controlado por el narcotráfico. Por eso, en parte, las políticas de los últimos 50 años han sido encaminadas a la protección de los ciudadanos, pero también de las instituciones democráticas y económicas de los países afectados.
La propuesta del presidente Petro es frenar la erradicación forzosa a pequeños cultivadores hasta que no tengan en marcha un cultivo alternativo que les permita hacer la transición a una economía legal. ¿Eso es lo que no ve viable?
El campesino gana más con coca que con cualquier otro producto y si la idea es esperar a que ese campesino cambie de manera voluntaria por algo que le da menos, la verdad es que se pueden quedar esperando mucho, mucho tiempo. Mi opinión personal es que en los últimos 50 años las políticas antidrogas más exitosas son las políticas que combinaban un elemento persuasivo con un elemento disuasivo que puede ser erradicación forzosa, detención de narcos o algo que le indique al cocalero que nunca va a tener una cosecha que dé tanto como la coca, incitado por alternativas para sostener a su familia sin correr el riesgo de que le erradiquen todo o, peor aún, de que sea encarcelado. Algún tipo de mezcla de los dos elementos es la clave. Pero, acepto que hay otras personas inteligentes que pueden pensar diferente. Lo que sí les digo es que el tiempo no es infinito para nuevas políticas y estas tiene que ser realistas y lógicas.
¿Desde la perspectiva de EE UU, que usted conoce bien, una política semejante -no erradicar forzosamente o no perseguir a cultivadores de un producto ilegal- sería un incumplimiento de Colombia con sus compromisos internacionales que podría conducir a una descertificación?
No hablo por este gobierno (el de Joe Biden). Mi opinión es la de un ciudadano de un país en el cual unos 30 estados decidieron cambiar sus leyes para permitir la legalización del cultivo y el consumo de marihuana, una droga prohibida por el convenio internacional. Yo mismo hice el argumento cuando era servidor público que el Convenio no está escrito en términos absolutos y ofrece cierta flexibilidad. Mi justificación por varios años fue que, pese a ello, EE UU estaba en cumplimiento. Si alguien semiinteligente como yo puede hacer ese argumento para la marihuana, me imagino que otros más inteligentes que yo pueden decir que Colombia aún está en cumplimiento del convenio. No va a ser fácil e imagino que va a desatar controversia. Otros países, como Portugal, Países Bajos y Uruguay, han legalizado algunas drogas y aún son parte del convenio. Pero cada cambio corre cierto riesgo de condena. En este momento, hay un margen de experimentación mayor en ese sentido, con lo que no estoy necesariamente de acuerdo, pero soy realista.
¿Cree que la presión sobre Colombia crecerá ahora que los republicanos controlan la Cámara de Representantes? ¿Anticipa, por ejemplo, nuevos condicionamientos a la ayuda que EE UU le da a Colombia anualmente?
Hay más probabilidades, claro. Por dos razones. La primera es que los republicanos verdaderamente creen más en esas políticas (de mano dura) que los demócratas. Y la segunda es que es un tema magnífico para condenar al otro partido en una campaña electoral. Por creencias sinceras o hipocresía absoluta, creo que vamos a oír más de los republicanos sobre este tema en los próximos meses.
¿Cómo evalúa la apuesta de Petro de negociar con grupos de narcotraficantes dentro de su nueva política de paz total?
Entiendo la lógica de lo que el presidente está tratando de hacer al incorporar a todas las organizaciones que producen inseguridad y violencia en Colombia. Me imagino que el presidente Petro ha observado las negociaciones del proceso de paz con las FARC y ojalá haya aprendido las lecciones de lo que resultó bien y lo que no. Por ejemplo, en el capítulo de narcotráfico se permitió a las FARC alentar la siembra de coca para recibir compensación del gobierno y eso por supuesto es parte de la razón en la explosión de los cultivos. El concepto de incorporar las organizaciones criminales ahora no es necesariamente malo, aunque es interesante tratar de mezclar en un mismo paquete a revolucionarios con criminales puros. Lo que espero es que las decisiones, por más bien intencionadas, no conduzcan a errores.
La mayor cantidad de cultivos de coca se concentra en el 95 por ciento de las 170 zonas más afectadas por el conflicto armado / Foto: Juan Pablo Rueda. Archivo EL TIEMPO
¿Cómo pueden verse impactadas las relaciones bilaterales si no se extraditan a los narcos pedidos por la justicia de EE UU?
Hace 8 años, como le decíamos al gobierno de Juan Manuel Santos, si en EE UU se ha desarrollado un proceso contra una persona por violar las leyes, el gobierno de EE UU va a solicitar la extradición. El Estado colombiano es soberano y toma su propia decisión sobre si extraditar o no, lo que sería problemático, en mi opinión, es si se decide no extraditar a una persona y esta tampoco enfrenta consecuencias en Colombia, como su juicio o encarcelamiento. Eso sí podría producir diferencias entre los dos gobiernos.
Creo que después de 20 años la relación ha llegado a un punto en que podemos tolerar casos específicos en que un gobierno toma una decisión que el otro no comparte. Lo que se busca minimizar es cuando un gobierno adopta una posición distinta y no hace nada para darle solución al problema que produjo, en este caso la no extradición. Biden ha dicho que apoya los esfuerzos de una paz total y se entiende que hay concesiones y sacrificios para lograr un acuerdo que produzca los mejores beneficios. No estamos hablando de la relación de EE UU con Venezuela, sino de la relación más estrecha e importante que tiene Washington con otro país en América Latina. De ahí que, me imagino, que habrá cierta flexibilidad y buena comunicación para tratar de entender, pero sin duda habrá diferencias por lo que es clave mantener una relación que ha sido privilegiada.
Hablando de esa misma tolerancia, ¿cómo cree que factura las maniobras del presidente Petro para restablecer las relaciones con Venezuela y el régimen de Maduro, con quien EE UU no tiene relación?
Colombia, más que cualquier otro país en el mundo o en la galaxia, tiene una relación muy complicada pero importante con su vecino. Definida en términos económicos, políticos, de seguridad, fronteras y migrantes. Cualquiera en Washington entiende que este es un tema de interés nacional para Colombia. La esperanza que tengo yo es que Colombia pueda diferenciar entre las decisiones y acciones que va a tomar por necesidad frente a ese interés nacional y que es entendible de posiciones que no son asuntos bilaterales, como la defensa de los derechos humanos, el tema de los presos políticos o la petición de unas elecciones libres, que merecen otro tipo de tratamiento.
EE UU tiene relación con China y Rusia, pese a las enormes diferencias, porque buscamos colaborar. Eso no quiere decir que no condenemos la invasión a un país vecino. Es normal que lleguen a acuerdos migratorios o comerciales, pero debe ser posible condenar la tortura de personas, pedir elecciones públicas o defender las instituciones. Eso es lo que se espera.