Sebastián Piñera, presidente de Chile, reconoció este jueves que las fuerzas de seguridad de su país incumplieron los protocolos de uso de la fuerza en las manifestaciones. Aseguró que la justicia determinará si se violaron los derechos humanos. Entre tanto, Amnistía Internacional denunció una política deliberada para castigar a manifestantes.
El mandatario admitió que en algunos casos no se cumplieron las reglas de los protocolos revisados y aprobados por organismos de derechos humanos. “Si no se cumplieron esos protocolos, y yo creo que es posible que en algunos casos no se cumplieron, eso va a ser investigado por la Fiscalía. Va a ser sancionado por los tribunales de justicia. Así funciona una democracia, así funciona un Estado de Derecho”, dijo Piñera.
Las protestas en Chile estallaron el 18 de octubre y se saldan con más de 22 muertos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos reporta cerca de 2.000 personas heridas.
Organizaciones sanitarias afirman que más de 280 personas tuvieron daño ocular severo al recibir disparos de perdigones. Ningún funcionario de la policía murió en las manifestaciones. Sin embargo, la institución contabiliza alrededor de 1.600 agentes heridos.
La Fiscalía informó que hasta el 31 de octubre se abrieron alrededor de 1.089 investigaciones penales por denuncias de violencia institucional, entre ellas 24 por presuntas torturas y 9 causas por supuestos hechos constitutivos de abuso sexual o violación.
Perdigones
El restablecimiento del orden público y la garantía de la seguridad ciudadana debe hacerse primero por la sola presencia de Carabineros, policía chilena. “Con diálogo, disuasión y convencimiento; y si eso no es suficiente, usando elementos disuasivos como los carros lanzaagua o las bombas lacrimógenas”, dijo Piñera.
“Solamente cuando está en riesgo la vida de las personas, de los carabineros o de los civiles, se pueden usar escopetas que disparan perdigones. Esos perdigones, de acuerdo con protocolos, deben ser de goma”, explicó el mandatario.
Suspendieron el uso de esa arma para controlar las manifestaciones sociales, tras denuncias de médicos acerca de una epidemia de lesiones oculares. Se registraron más de 200 casos en las primeras 3 semanas del estallido social. El número supera las cifras de esas heridas en zonas de conflictos en el mundo. Otro informe divulgado por organizaciones chilenas indicó que los perdigones que usa la policía chilena tienen solo 20% de caucho.
“Las reglas del uso de la fuerza fueron establecidas durante nuestro primer gobierno y fueron revisadas en marzo de este año. Se las enviamos al Instituto Nacional de Derechos Humanos, a organismos de derechos humanos, las hicimos públicas, recibimos comentarios. Esas fueron las normas de uso de la fuerza” que hoy operan, enfatizó Piñera.
Ataques generalizados
El jefe de Estado habló después de la difusión de un reporte de Amnistía Internacional, que asegura que las fuerzas de seguridad chilenas incurren en ataques generalizados, y que usan la fuerza “de manera innecesaria y excesiva” para castigar a la población que manifiesta.
“La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta. Incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes”, dice en informe de AI.
El documento recoge las conclusiones de una inspección, en la que esa de esa organización documentó 23 casos de violaciones de los derechos humanos en todo el país.
“No son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón consistente en el tipo de violaciones. También en el modus operandi llevado a cabo a lo largo de todo el país principalmente por parte de Carabineros”, señala.
Añade que para sostener la represión violenta de las protestas se requiere un grado de coordinación, lo que “conduce razonablemente a pensar en la responsabilidad del mando al más alto nivel, sea porque ordenó o toleró la represión”.