La noticia judicial más reciente que se tenía de la fallecida senadora Piedad Córdoba se conoció en noviembre pasado. Específicamente, el día 10 de ese mes, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Colombia le abrió un nuevo proceso penal y la citó a indagatoria por hechos de 2006 a 2012 que, presuntamente, “comprometían su conducta en delitos de enriquecimiento ilícito, peculado a favor de terceros y falsedad en documento público”.
El alto tribunal detalló que los delitos en este nuevo caso estaban relacionados “con los presuntos pagos indebidos de salario por parte de la senadora a un integrante de la UTL que ella tenía en esa época”.
Ese nuevo proceso se sumó al expediente de Córdoba por Farcpolítica, en la Corte, el cual tuvo su origen en las 14 denuncias que se recopilaron a lo largo de varios años por presunta relación con las antiguas FARC. Las acusaciones, en términos generales, señalaban que supuestamente Córdoba habría iniciado acercamientos con la guerrilla desde 1998, cuando era congresista. También aseguran que supuestamente frecuentaba los asentamientos del grupo guerrillero debido a la cercanía con integrantes del secretariado, sin autorización oficial.
Las denuncias reseñan el conocido episodio del 11 de marzo de 2007, cuando la congresista acudió a un simposio llamado Los partidos políticos y una nueva ciudad, en Ciudad de México, donde la política hizo un llamado a los países de América Latina para cortar relaciones con Colombia, cuestionando al entonces presidente de la República, Álvaro Uribe, lo cual motivó varias peticiones de investigación. Las denuncias, además, señalan que Córdoba “se posicionó dentro de la organización como asesora, estratega política y hasta vocera nacional e internacional”.
Eso sí, las denuncias tienen en cuenta que Córdoba fue autorizada por el entonces presidente Uribe para mediar en la liberación de las personas secuestradas junto al entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
En el expediente también se describe que, luego de esa gestión, Córdoba se habría alejado de sus funciones como congresista, aun ganando salario y supuestamente habría traído dólares desde Venezuela en sus maletas.
El documento resalta, y fue materia de investigación, una supuesta relación con el empresario colombiano Alex Saab, a quien esta semana el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, nombró como presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva, tras su liberación en Estados Unidos.
En concreto, se señala a Córdoba de haberle ayudado a recuperar dinero de Cadivi y de crear una relación posterior que implicó que Saab usará una de sus empresas para recaudar dineros para Córdoba.
En ese sentido, dice el expediente que reposa en la Sala de Instrucción, se habría logrado que una de esas empresas creadas por Saab consiguiera un contrato millonario con el gobierno de Venezuela para la construcción de viviendas, a pesar de que supuestamente no tendría experiencia alguna.
A lo largo de ese proceso, la defensa de Piedad Córdoba negó la comisión de delito alguno, por eso se pidió varias veces la nulidad del caso, argumentando falta de competencia de la Corte Suprema para adelantar el proceso por los hechos ocurridos después de la destitución de la política por parte de la Procuraduría en 2010.
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