La cárcel de máxima seguridad de La Picota terminó convertida, en las últimas semanas, en otro de los epicentros de la campaña presidencial, por cuenta de las actividades de dos alfiles del candidato a la presidencia del Pacto Histórico, Gustavo Petro.
Hace 72 horas, las cabezas de esa coalición se reunieron de emergencia, en la sede del Polo Democrático, para establecer hasta dónde pueden ir con la misión que Petro les encomendó el lunes pasado: evaluar la conducta de la senadora electa Piedad Córdoba.
El candidato le ordenó a ella suspender todas sus actividades dentro de la campaña “hasta que pueda resolver, ojalá favorablemente, las sindicaciones jurídicas que se le hacen”.
Y aunque no dio mayores detalles, Roy Barreras, otro de sus escuderos, se encargó de confirmar que detrás de la decisión también están los ingresos de la senadora a La Picota y sus supuestos ofrecimientos a extraditables.
Cárcel y «perdón social»
El episodio coincidió con otros dos hechos que terminaron sacudiendo la campaña y que los contrincantes de Petro capitalizaron.
Uno de ellos fue el viaje de una magistrada de la Corte Suprema a España, para oír al general (r) chavista Hugo ‘Pollo’ Carvajal sobre la presunta financiación del régimen venezolano a Petro.
Y el otro, la visita de su hermano Juan Fernando, también a La Picota (el 8 de abril pasado), para hablar de ‘perdón social’ con corruptos y ‘parapolíticos’, lo que desencadenó malestar entre sus militantes y un distanciamiento con el candidato.
Dos casos en EE UU podrían afectar a Petro
A pesar de que Petro salió a desestimar y tomar distancia de estos episodios, al menos dos de ellos prometen tener desenlaces judiciales a mediano plazo.
En el caso de Piedad Córdoba, su futuro no está en el comité de ética del Pacto Histórico, que se va a crear apenas la próxima semana.
El Tiempo estableció que en Estados Unidos ya no hay una sino dos indagaciones que tocan a Piedad.
La primera, revelada por El Tiempo desde 2019, está relacionada con sus nexos financieros con el barranquillero Álex Saab, producto de negocios opacos con el régimen de Nicolás Maduro.
En este capítulo se evalúan evidencias y testimonios sobre un posible lavado de activos y una violación a la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras (Foreign Corrupt Practices Act), que Córdoba niega.
El narcoparamillitar Javier Zuluaga Lindo, alias Gordo Lindo. Foto: EFE
Y la otra, la más fresca e incipiente, se relaciona con las supuestas ofertas que habría hecho en sus visitas a La Picota de modificar la extradición, si Petro gana.
Hay testimonios de capos detenidos que frenaron negociaciones con la DEA bajo esa expectativa. Y boletas de solicitud de visitas a presos, algunos extraditables.
Figuras claves
El abogado Antonio Güette le dijo a El Tiempo que los internos son sus clientes: Javier Zuluaga, alias Gordo lindo; y Óscar Moreno, el ‘rey de los narcosemisumergibles’.
Además, Jorge Vallejo Alarcón, señalado cabecilla delincuencial de Bello y del Valle de Aburrá; y Juan Carlos Cuesta, miembro del ‘clan del golfo’.
Güette agregó que, como él asesora al también extraditable Álvaro Freddy Córdoba, hermano de la senadora, entraba con ella al penal y hacían mesas mixtas de trabajo con los detenidos en donde nunca se propuso frenar la extradición.
En todo caso, en Estados Unidos se evalúa una posible obstrucción a la justicia.
Esta es la boleta de ingreso de Piedad Córboba a la cárcel La Picota. Foto: El Tiempo
La Corte y el Pollo
En cuanto a las pesquisas sobre los negocios con Saab, se entrelazan con el expediente que adelanta Cristina Lombana, magistrada de la Corte Suprema, contra Piedad Córdoba.
Sin embargo, además de los movimientos de dinero producto de supuestas comisiones relacionadas con Saab, en Colombia ese expediente tiene otro filón: el supuesto uso político que Piedad les dio a las liberaciones de secuestrados en manos de las Farc y su cercanía con esa exguerrilla, señalamientos que ella también niega.
El viernes pasado, Lombana recogió en España un nuevo testimonio dentro de ese proceso. Escuchó en declaración a Braulio Augusto Sánchez, un cucuteño que estuvo preso, investigado por homicidio, y que luego fue víctima de un atentado.
Lombana aprovechó esa jornada para buscar la declaración del general (r) chavista Hugo ‘Pollo’ Carvajal, luego de que este señaló que Petro fue uno de los políticos a los que el régimen venezolano les entregó dinero para esparcir el germen castrochavista en América Latina.
Hugo Carvajal, Mayor General retirado del Ejército, Ex Director de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, está en proceso de extradición a EE UU. Foto: EFE
Pero tal como lo reveló El Tiempo en primicia, Carvajal se negó a testificar, argumentando que estaba en un proceso de extradición hacia Estados Unidos.
“Se está reservando la información para negociar con la DEA y obtener rebajas dentro del proceso que se le sigue por tráfico de droga y de armas, además de corrupción, que le pueden costar hasta una cadena perpetua”, dijo una fuente cercana al proceso, en la Corte Sur de Nueva York.
Y agregó que si bien ya empezó a soltar información, aún no ha llegado al capítulo de los políticos.
Momentos cruciales para Petro
Sin embargo, en la campaña de Petro –que fue quien pidió que lo investigaran– interpretaron el silencio del ‘Pollo’ como la evidencia de que no tiene pruebas que soporten sus afirmaciones.
En el caso de Córdoba, tras acatar la decisión de su jefe político de apartarse de la campaña y negar cualquier “acuerdo clientelar con capos del narcotráfico a cambio de apoyo electoral”, explicó que sus idas a La Picota se deben al respaldo familiar y legal que le está dando a su hermano Álvaro, en la antesala de la extradición. También dijo que se someterá a la comisión de ética e insistió en que todo es un montaje en su contra.
El Pacto Histórico va a definir hasta dónde van a ir en ese caso, de acuerdo con los hechos y competencias.
Según explicó el abogado Dagoberto Quiroga, representante de la Colombia Humana, podrían concluir que (como lo dice la senadora) los señalamientos en su contra son un entrampamiento. Pero, también, evaluar incluso si se pide que se frene su posesión como congresista, el próximo 20 de julio.
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