El presidente de la Comisión Permanente del Congreso peruano, Pedro Olaechea, presentó este jueves ante el Tribunal Constitucional una acción de competencia para que anule la disolución del Parlamento ordenada el lunes por el presidente Martín Vizcarra.
El pedido es parte de una lista de cuatro puntos específicos sobre los que Olaechea solicita que el Tribunal Constitucional se pronuncie en función de si cumple con lo que establece la Constitución.
Solicita también en el mismo documento que se pronuncie sobre que el Poder Ejecutivo no tiene la competencia para realizar cuestión de confianza sobre materias que son exclusivas del Congreso, como es el caso de la elección de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional , cuya escogencia el lunes llevó a que el Ejecutivo considerara como negada la cuestión de confianza planteada sobre ese particular.
El siguiente punto pide que se declare que la cuestión de confianza solo puede ser otorgada por el Congreso de forma expresa, mediante una votación del pleno, y “no de manera tácita o ‘fáctica’, pues ello implicaría menoscabar las competencias constitucionales del Congreso para aprobarla o denegarla”.
Vizcarra consideró que la cuestión de confianza planteada por el ex primer ministro Salvador del Solar fue rechazada, después de que el pleno del Congreso siguió adelante con la cuestionada elección de magistrados del Tribunal Constitucional.
Pide que se declare que la cuestión de confianza debe plantearse, debatirse y someterse a votación “respetando los procesos establecidos en el reglamento del Congreso, en función a sus prerrogativas de autorregulación”.
En el documento, Olaechea hace referencia a su cargo como presidente del Congreso de la República y desconoce así la decisión del Ejecutivo de que el Parlamento peruano se encuentra disuelto, y que solo funciona en la actualidad la Comisión Permanente.
Un comunicado del Legislativo emitido este jueves indica que la Comisión Permanente autorizó el 3 de septiembre al hasta entonces presidente del Congreso, Pedro Olaechea, “a interponer dicha Acción Competencial y medida cautelar ante el TC”.
Señala que “esta decisión se toma en un momento en el que, cada vez más, la opinión pública internacional se suma al pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA), que solicitó que sea el TC peruano quien se pronuncie respecto a la legalidad y legitimidad de la decisión adoptada por el Ejecutivo”.
Tanto Vizcarra como el primer ministro, Vicente Zeballos, han señalado en repetidas ocasiones que el Ejecutivo acatará cualquier fallo del Tribunal Constitucional o el Poder Judicial en ese aspecto, pero reconoció que cualquier decisión que contravenga la disolución del Congreso será muy difícil de aplicar, después de las elecciones parlamentarias convocadas para el 26 de enero.