El presidente colombiano, Gustavo Petro, y el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, avivaron este lunes una confrontación política e ideológica que ya va a cumplir dos años durante la cual se han acusado mutuamente de violar la ley.
La disputa tiene un trasfondo ideológico porque a Barbosa, cercano al expresidente Iván Duque (2018-2022), sus críticos le acusan de poner la Fiscalía al servicio de intereses políticos para perseguir a personas afines al gobierno mientras se hace la vista gorda con casos que involucran a políticos de derecha.
De otro lado hay quienes consideran que Petro, que en agosto cumplirá dos años en el poder, busca interferir en la independencia del Poder Judicial ya que su propio hijo, el primogénito Nicolás Petro Burgos, está investigado por la Fiscalía por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, delitos que salpican su campaña presidencial.
El pasado fin de semana, el mandatario, que ha acusado a Barbosa de ser connivente con las mafias, lo señaló de querer investigarlo a pesar de que constitucionalmente no puede, y que por ello está «ejerciendo una sedición».
«Algunos periodistas han descubierto que en la Fiscalía hay roscas en el más alto nivel que están protegiendo la mafia en Colombia y no los investigan», añadió Petro en un acto de gobierno.
Al respecto, Barbosa aseguró este lunes en una entrevista con la emisora Blu Radio: «El código penal establece que ese (la sedición) es un delito político que dice que quienes mediante el uso de las armas impiden transitoriamente el funcionamiento del país tendrán una pena».
«Es una frase completamente absurda (la de Petro), porque lo único que he hecho mediante el uso del Código Penal, la Constitución política y mis competencias es permitir que funcionen la instituciones», expresó el fiscal general, quien hace unos días llegó a comparar a Petro con el mafioso Pablo Escobar.
El reemplazo de Barbosa
Otro de los temas que ha elevado la confrontación es la elección del nuevo fiscal general, ya que el mandato de Barbosa termina el 12 de febrero y la elección de su sucesora está en manos de la Corte Suprema de Justicia, compuesta por 23 magistrados.
El jueves, la sala plena de la Corte se reunió para elegir al nuevo fiscal de una terna enviada por el presidente y que está conformada por las juristas Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo y Amelia Pérez.
Para ser elegida como fiscal, alguna de las tres aspirantes tiene que obtener 16 votos, algo que ninguna logró en la votación que tuvo lugar ese día en la que 13 de los magistrados votaron en blanco aduciendo que no habían tenido tiempo de estudiar los currículos de las candidatas.
Cuando Barbosa termine su período, en dos semanas, y en caso de que aún no haya sido elegida su sucesora, la vicefiscal Martha Mancera ocupará el cargo de forma interina, algo que ha sido criticado por diversos sectores.
Mancera, mano derecha de Barbosa, tenía abierta una investigación en su contra «por el supuesto beneficio otorgado a estructuras criminales dedicadas al tráfico de armas y de estupefacientes en Buenaventura (Valle del Cauca) y el Magdalena Medio durante 2020 y 2022».
Sin embargo, la semana pasada un fiscal decidió archivar la investigación contra su superiora al considerar que «las evidencias e información legalmente obtenida mediante actos de investigación desarrollados con debida diligencia, se pudo concluir la inexistencia del delito investigado».
Barbosa aseguró la semana pasada en EE UU que el gobierno de ese país respaldará a Mancera como fiscal encargada, en caso de que esto ocurra.
«Se resaltó el trabajo misional de la señora vicefiscal general de la nación, quien además también ha estado al lado mío en esta lucha frontal contra el narcotráfico y diversos crímenes que se cometen en torno a los corredores trasnacionales de criminalidad», agregó Barbosa.
En ese sentido, Petro manifestó que en lugar de investigar casos de corrupción en las regiones, Barbosa prefiere estar «en Washington implorando porque el Gobierno de los Estados Unidos les proteja la vicefiscal, a ver si se perpetúan en la Fiscalía desobedeciendo la orden constitucional que dice que el presidente presenta una terna».