El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este miércoles que el país inició «un golpe de Estado» con la ponencia favorable que presentaron dos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que se formulen cargos en su contra por la presunta financiación irregular de su campaña.
«Si la Constitución dice que el presidente de la República no puede ser juzgado por una entidad diferente a la Comisión de Acusaciones (de la Cámara) (…) ¿Por qué dos entes pertenecientes a un ente administrativo han dicho que levantan cargos contra el presidente? Eso es profundamente inconstitucional y es el inicio de un golpe de Estado en Colombia», afirmó el mandatario.
Los magistrados del CNE Álvaro Prada y Benjamín Ortiz, que tienen a cargo la investigación, radicaron la ponencia que también pide que se formulen cargos contra Ricardo Roa, presidente de la petrolera estatal Ecopetrol y que fue su gerente de campaña, según revelaron este miércoles medios locales.
Al respecto, Petro, que habló durante una jornada de ‘gobierno con los barrios populares’ en Cartagena de Indias, manifestó que lo anunciado hoy supone que «11 millones y medio de colombianos (que votaron por él en la segunda vuelta de las elecciones de 2022) van a perder sus derechos políticos».
«No porque ningún juez penal haya dictaminado que son criminales, sino porque así lo decidió la oligarquía colombiana y el régimen de corrupción. Quieren determinar, como lo han hecho en tantos países de América Latina, que el presidente de la República a pesar de ser elegido por el pueblo de Colombia tiene que dejar de ser presidente porque cuatro o cinco vagabundos de la politiquería así lo quieren», añadió.
Finalmente dijo que seguirá en el cargo «hasta donde el pueblo diga».
«Si el pueblo dice más adelante, más adelante iré sin ningún temor, sin ningún miedo, iremos hacia donde el pueblo colombiano ordene. El presidente de la República sólo tiene un comandante al frente», concluyó.
Ponencia de los magistrados
La ponencia presentada por los dos magistrados será discutida por la sala plena del CNE, compuesta por nueve miembros, que decidirán si la admiten para seguir adelante con el proceso, para lo que necesitan los votos de al menos cinco magistrados, o si, por el contrario, lo archivan.
Este caso se remonta a febrero de 2023 cuando el CNE abrió una indagación preliminar contra la campaña presidencial de Petro por presuntas irregularidades en su financiación.
Según informó entonces ese organismo, la indagación se abrió «con base en la queja anónima presentada por presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial» del Pacto Histórico, la coalición de izquierdas que llevó Petro a la Presidencia en 2022.