El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este miércoles al cuerpo diplomático acreditado en ese país que la investigación abierta por el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra su campaña de 2022 viola el «fuero presidencial».
Así lo informó el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, tras la reunión que mantuvo el mandatario con los embajadores en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, en la que también hablaron de otros temas como la COP16 y la paz en el país.
«Planteamos que aquí lo central es la protección del fuero presidencial, el presidente Petro tiene una condición especial por las medidas cautelares que están en el marco de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos», expresó Murillo en una declaración a la prensa.
El CNE consideró la semana pasada que Petro, como candidato; el gerente de su campaña, Ricardo Roa, y otros miembros de su equipo deberán responder «por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales», pues se sospecha que superaron los topes de gasto establecidos y recurrieron a fuentes prohibidas que no declararon.
Campaña de Petro bajo la lupa
Según expertos en temas constitucionales, el cargo del presidente Petro no está en riesgo por la investigación y formulación de cargos del CNE contra su campaña de 2022 por la supuesta violación de los topes de gastos.
El mandatario está convencido de que la actuación del CNE es un «golpe de Estado» e incluso llevó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) pues considera que ese organismo ha extralimitado sus funciones y no ha respetado su fuero presidencial.
El canciller insistió en que «con las decisiones que se han tomado por un organismo administrativo, que además es un organismo apolítico, se viola por un lado el fuero presidencial, pero además esa condición especial de medidas cautelares que el presidente tiene».
Las medidas cautelares de las que habla Murillo vienen de la época en la que Petro acudió a la Corte-IDH cuando la Procuraduría (Ministerio Público) le suspendió en 2013 cuando era alcalde de Bogotá, por supuestas irregularidades en el trámite de un contrato de recogida de basuras.
Entonces, la Corte-IDH determinó que sus derechos políticos fueron afectados por la sanción disciplinaria de la Procuraduría, que no tiene competencias para inhabilitar a un funcionario democráticamente elegido.
Murillo señaló que la de hoy fue «una reunión informativa, como funciona la diplomacia; obviamente hay un intercambio de preguntas, de respuestas, de un diálogo muy constructivo y los representantes diplomáticos acreditados en Colombia informan a sus gobiernos, tienen planteamientos de primera mano que les permiten informar aún mejor lo que está sucediendo».
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