El Ministerio de Interior de Perú ofreció este jueves una recompensa a quien ofrezca información que conduzca a la detención de dos sobrinos del presidente Pedro Castillo que no se presentaron ante las autoridades tras ser emitida una orden de detención preliminar por diez días.
La Comisión Evaluadora de Recompensas contra la Criminalidad del Ministerio de Interior aprobó que la información ofrecida sobre el paradero de los dos sobrinos (Gian Marco Castillo y Fray Vásquez Castillo) será recompensada con 15.000 soles (unos 4.000 dólares).
También incluyeron en la lista al exsecretario de palacio de gobierno Bruno Pacheco, por quien ofrecen 30.000 soles (unos 8.000 dólares).
Los tres están incluidos en el Plan de Recompensas por su presunta implicación en actos de corrupción en la licitación de Provías Descentralizado, unidad ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), para la construcción del puente automovilístico Tarata, sobre el río Huallaga, en la selvática región de San Martín.
A los tres citados se suman dos exfuncionarios de Provías Descentralizado, Edgar Vargas Mas y Alcides Villafuerte Vizcarra.
El ministerio precisó en un comunicado que se les busca por «presuntos delitos de tráfico de influencias, colusión agravada, organización criminal, uso de documento falso y falsa declaración en procedimiento administrativo».
Los cinco implicados no han respondido a la orden de detención preliminar dispuesta el último lunes como parte de las pesquisas que se les sigue por el delito de tráfico de influencias y negociación incompatible y no fueron localizados tras un operativo de allanamiento y detención ejecutado por la Policía Nacional.
Así que las cinco personas citadas siguen con mandato de detención preliminar por diez días, y su incorporación al Programa de Recompensas del ministerio se aprobó por mayoría en sesión extraordinaria de la Comisión Evaluadora de Recompensas contra la Criminalidad.
Impedimento de salida
El Poder Judicial de Perú dictó este miércoles cinco meses de impedimento de salida del país para los sobrinos de Castillo y el resto de implicados en la investigación del caso del Puente Tarata.
La fiscal anticorrupicón Karla Zecenarro señaló en la audiencia que la compañía Consorcio Puente Tarata III habría sido favorecida en esta licitación al no cumplir con la experiencia mínima en obras similares.
Provías Descentralizado adjudicó esta obra a la empresa el 22 de octubre de 2021.
Zecenarro mencionó las declaraciones que dio a su despacho la empresaria Karelim López, quien, en calidad de investigada, indicó que Fray Castillo y Gian Marco Castillo, al igual que Pacheco, habrían tenido injerencia indebida en la designación de funcionarios de Provías con el objetivo de direccionar obras.
También sostuvo que los sobrinos de Castillo formarían parte de una red destinada a la designación de funcionarios del MTC para favorecer con obras a empresas.
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