Perú negó este viernes que haya desacatado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando excarceló al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) alegando razones humanitarias, pese al pedido del tribunal para que se abstuviera de liberarlo.
«No ha existido desacato alguno por parte del Estado», señaló la cancillería en un comunicado en respuesta al pronunciamiento de la Corte-IDH sobre el caso del expresidente peruano de 85 años de edad.
El gobierno peruano indicó también que entregará a la Corte un informe con la argumentación de su posición dentro del plazo requerido por el tribunal interamericano, que vence el 4 de marzo de 2024.
La Corte-IDH, órgano judicial del sistema interamericano con sede en San José, había pedido a Perú el 6 de diciembre que no excarcelara a Fujimori hasta que los magistrados analizaran el indulto que le había concedido la justicia peruana, ante su avanzada edad y quebrantos de salud.
La Corte-IDH anunció una «supervisión reforzada» del proceso contra Fujimori
El tribunal consideró que Perú había caído en desacato al no atender sus recomendaciones, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores defendió la legalidad de la medida que le restituyó a Fujimori el indulto otorgado 2017.
«Las sentencias recaídas en los casos aludidos por la Corte, han sido ejecutadas y se vienen implementando dentro de los parámetros de los instrumentos internacionales de los que el Perú es parte», indicó.
Al mismo tiempo, el gobierno peruano remarcó su respeto de «los tratados y decisiones del sistema de promoción y protección de los derechos humanos».
Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad en 2009. Estuvo preso un total de 16 años.
Aquejado de un cáncer lingual, fibrilación auricular e hipertensión, entre otras dolencias, Fujimori dejó la prisión el mismo día que la Corte-IDH pidió posponer su excarcelación.
Al señalar el desacato de Perú, la Corte-IDH anunció una «supervisión reforzada» del proceso contra Fujimori por violaciones de derechos humanos.
El exmandatario fue condenado por dos matanzas de civiles perpetradas por un escuadrón del ejército en el marco de la lucha contra la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso a principios de los noventa.
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