El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú entregó el lunes a la Embajada de Colombia una nota diplomática en la que transmite “el profundo malestar” del gobierno de Dina Boluarte por las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro.
Manifestó que las afirmaciones de Petro constituyen una injerencia inaceptable en los asuntos internos del país, especialmente grave en el contexto de actos de violencia que han ocasionado la muerte de varias personas
“(Las declaraciones de Gustavo Petro) no son consistentes con las tradicionales relaciones de respeto mutuo, amistad, cooperación y voluntad de integración que unen a ambos Estados y pueblos”, señala un comunicado.
La Cancillería peruana dijo asimismo que las declaraciones de Petro se apartan de la prudencia que los sucesivos gobiernos de Perú y Colombia han cultivado respecto a los asuntos de política interna del otro Estado, especialmente en situaciones complejas y delicadas.
Un “presidente preso” en Perú
El presidente colombiano aseguró el viernes pasado que hay una crisis en Perú, donde está preso un presidente “elegido popularmente” y calificó esa situación como un exabrupto.
Expresó, además, que la crisis interna en Perú está alterando el cronograma del proceso de integración que tenían. Y enfatizó que las dificultades que el Congreso peruano le ponía a Pedro Castillo para viajar a reuniones latinoamericanas impedían la articulación y la integración económica de América Latina y del área andina.
Petro evitó contestar cuando le preguntaron si reconocía a Boluarte como presidenta. Señaló que aún no ha conversado con el nuevo gobierno, todo ello después de que el lunes la Cancillería colombiana difundiera un comunicado conjunto con los gobiernos de México, Argentina y Bolivia asegurando que Castillo, al que aún reconocen como presidente, es “víctima de un antidemocrático hostigamiento”.
El Congreso peruano destituyó a Castillo el pasado 7 de diciembre, después de anunciar que lo disolvería y gobernaría por decreto. Actualmente cumple prisión preventiva por 18 meses por la presunta comisión del delito de rebelión y conspiración, cargos por los que afronta una eventual condena a 10 años de cárcel.
Comunicado oficial.
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