El Poder Judicial rechazó el pedido que hizo Pedro Castillo para tratar de anular la orden de prisión preventiva en su contra por el proceso que se le sigue al haber dado un golpe de Estado el 7 de diciembre del 2022.
El magistrado Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, determinó que ningún argumento brindado por el expresidente o su defensa legal habían logrado eliminar los elementos de convicción que ha encontrado el Ministerio Público hasta la fecha.
El exmandatario había señalado que fue víctima de una supuesta “mafia” u “organización criminal” liderada por Patricia Benavides, suspendida fiscal de la Nación que estaba a cargo de las investigaciones en su contra cuando ocurrió el golpe de Estado.
También había criticado los tiempos que se estaba tomando la investigación fiscal solo para tomar declaraciones de altos funcionarios y que se hayan usado argumentos que no eran parte de la investigación para sustentar la prisión preventiva en su contra.
La Fiscalía, por su parte, advirtió que no se trata de una etapa de control de plazos como para argumentar los tiempos que se toman en sus diligencias. También contradijo a los abogados de Castillo señalando que no han presentado prueba alguna que desvirtúen los elementos planteados, como testimonios de altos mandos policiales y de congresistas.
El juez, efectivamente, determinó que Pedro Castillo y su defensa no pudieron contradecir los dichos de mandos policiales sobre las órdenes que recibieron del exmandatario para impedir el ingreso de congresistas al Palacio Legislativo y así poder acatar su golpe de Estado.
A esto se sumó el testimonio de quienes detallaron que Castillo Terrones buscaba dirigirse a la Embajada de México donde podría haber pedido asilo político para huir del país, y finalmente de quienes recibieron órdenes para intervenir a Patricia Benavides.
Pedro Castillo está siendo investigado por los presuntos delitos de rebelión y alternativamente conspiración, así como abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública por el mensaje a la Nación en el que, aquel 7 de diciembre del 2022, anunció su golpe de Estado con la disolución del Congreso y un intento de copar al sistema de administración de justicia.
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