El presidente peruano, Pedro Castillo, aceptó la renuncia del ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado, censurado por el Congreso por su presunta participación en una supuesta organización criminal al interior del Ejecutivo, según una resolución suprema publicada este domingo en el diario oficial El Peruano.
El jefe de Estado aceptó la renuncia de Alvarado, difundida el viernes, y le dio las gracias por los servicios prestados a la nación, en una resolución que lleva también la firma del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.
El sábado, Alvarado había prescindido de su resguardo policial, mientras se encontraba en la ciudad norteña de Chiclayo, lo cual activó las alarmas, en la prensa local, sobre un presunto intento de fuga.
Sin embargo, horas después, retomó el resguardo policial, aunque no hubo ninguna agenda oficial del ministro renunciante.
En su carta de renuncia, publicada por la prensa, Alvarado señaló que el tiempo permitirá aclarar las acusaciones en su contra, que provocaron el jueves su censura «injusta y arbitraria», según calificó, en el Parlamento por su presunta participación en una supuesta mafia para adjudicar obras en el Estado.
Ese mismo día, el Ministerio Público había solicitado al Poder Judicial el impedimento de salida del país de Alvarado, al estar investigado por «ser parte de una supuesta organización criminal que se habría beneficiado con contrataciones gestionadas desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento».
El anunció llegó después de que el Parlamento aprobó, con una amplia mayoría, una moción de censura contra Alvarado por estar «involucrado» en una presunta red corrupta que, desde el gobierno de Pedro Castillo, hizo licitaciones fraudulentas para obras públicas, mientras él ocupaba el cargo de ministro de Vivienda.
Eso, bajo el supuesto liderazgo del presidente Castillo, quien por este caso también está siendo investigado preliminarmente por la Fiscalía.
El Ministerio Público investiga preliminarmente a Alvarado por ser presuntamente, junto al primer ministro, Aníbal Torres, y el titular de Justicia, Félix Chero, operador de esta supuesta organización corrupta.
En esta red, según la tesis fiscal, también está presuntamente implicado el círculo más íntimo del mandatario, incluida su esposa, Lilia Paredes, y su cuñada Yenifer Paredes, quien cumple una orden judicial de 30 meses de prisión preventiva en un penal de mujeres de Lima.