“Uno de los mayores robos al Estado colombiano”. Así calificó el presidente Gustavo Petro las revelaciones de El Tiempo sobre los avances de una investigación transnacional relacionada con el multimillonario robo continuado de crudo colombiano que terminó exportado a Singapur, Ámsterdam y otros puertos de Asia y Europa.
Tal como lo publicó este diario, en enero pasado se radicó el escrito de acusación en contra de una decena de reputados empresarios y de ejecutivos del sector. Y, el 19 de mayo, se ordenó la incautación de más de un centenar de bienes avaluados en 1,3 billones de pesos.
Barcos, edificios, megalotes, casas de veraneo en Anapoima y hasta un vehículo Porsche quedaron en manos del Estado para intentar recuperar cerca de 360.000 millones de pesos.
Según el escrito de acusación, el petróleo venezolano era traído de contrabando y mezclado con crudo que organizaciones criminales –como el ELN– se robaban del oleoducto Caño Limón-Coveñas.
Corte Suprema y el saqueo
Y aunque, en julio de 2022, la Dijín divulgó en medios algunos datos de este caso, El Tiempo reveló los nombres de los primeros implicados, desde febrero de 2020.
Desde abril de 2022, medios venezolanos publicaron nombres de firmas colombianas vinculadas a la exportación ilegal de crudo de la estatal Pdvsa, que se enviaba como petróleo residual a Curazao y Panamá. Luego se movía a Swiss Terminal de Barranquilla S.A.S. (de propiedad de Ashmore Management Fund), se mezclaba con el robado y se exportaba como crudo colombiano.
Otra parte del petróleo de Pdvsa –que hoy está en medio de un escándalo de corrupción– llegaba en camiones cisterna desde la frontera. Agencias de Estados Unidos y la Interpol alertaron sobre estas exportaciones, que no aparecían en registros de Ecopetrol.
El caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia que, en abril de 2021, tuvo que dirimir la asignación de competencia del expediente que solo ahora acaba de reventar judicialmente.
En efecto, la defensa de uno de los investigados argumentó que el fiscal se equivocó en radicar el escrito en Bogotá, por cuanto el juez competente era un despacho de Tolima, Huila o Putumayo, por donde se movió el crudo robado a Ecopetrol.
Sin embargo, el magistrado de la Sala de Casación Penal Fabio Ospitia concluyó que dado que fue en Bogotá donde se formuló la imputación y donde se concentraron actividades investigativas –incluidas las interceptaciones–, el caso no debía ser trasladado.
Luego se abrió otro proceso en Barranquilla, en donde fueron capturados otros implicados transportando crudo.
Ya para ese momento se mencionaron las importadoras presuntamente involucradas: Petroworld S.A.S., CI. La Operadora SAS y Krystal Energy SAS. Además, a los articuladores Gunvor Colombia y Niman Commerce S.A.S., de propiedad de reputados empresarios.
La cabeza de Niman –y a quien señalan como el dinamizador del negocio– es Hernando Silva Bickenbach, miembro de una reconocida familia y cuya defensa dice que demostrarán su inocencia y ausencia de participación en los hechos.
Desde 2020, El Tiempo señaló que otro de los involucrados en el saqueo a Ecopetrol es Jaime Fernández Uribe, a quien en el escrito de acusación lo califican como el comercializador de los turbios hidrocarburos.
Aparece como accionista de la firma Star Petroleum Enterprise S.A.S., creada en 2016.
El Tiempo lo rastreó y estableció que Fernández Uribe trabajó para Ecopetrol e incluso aparece como pensionado de la estatal. Es oriundo de Barrancabermeja, estudió Ingeniería de Sistemas y en sus redes sigue apareciendo como «asistente» en Ecopetrol.
El rol de Fernández Uribe dentro de la red, dice el escrito de acusación, era el de comercializar los hidrocarburos: “Los adquiría procedentes de países como Venezuela y eran ingresados al territorio nacional de manera fraudulenta”.
Lo señalan de falsificar los orígenes de los hidrocarburos –Curazao y Panamá– para darles apariencia de legalidad.
Este diario se comunicó con el penalista Sergio Augusto Ramírez, defensor de Fernández Uribe, quien dijo que se trata de un proceso viejo, que no entiende por qué se está publicitando ahora y que le parece irrelevante que su cliente hubiera trabajado en Ecopetrol.
“El ingeniero está en libertad. Solo lo vincula una llamada donde supuestamente le dice a una persona que ese crudo no se debía colocar como uno que proviene de un país sino de otro. Estamos esperando que se presente la acusación”, explicó.
En todo caso, el presidente Petro pidió que se indague si hay posible complicidad dentro de Ecopetrol, que se constituyó en víctima junto con su filial Cenit y con Swiss Terminal de Barranquilla S.A.S., cuyo apoderado es el penalista Jaime Granados.
“Es imposible que alguien en Cenit no se hubiera dado cuenta del millonario desvío de crudo”, le dijo a El Tiempo la defensa de uno de los empresarios implicados. Y recalcó que ninguno ha aceptado cargos y son terceros de buena fe.
Los «elenos»
Investigadores dijeron que la cifra entregada por el presidente Petro sobre el monto del saqueo a Ecopetrol es conservadora y que podría ascender a 500.000 millones de pesos mensuales durante años.
Y llamaron la atención de que el ELN –que pide subsidios dentro del proceso de paz con el gobierno Petro– aparece involucrado en el millonario robo de crudo.