Barricadas, multitudinarias manifestaciones en Santiago y saqueos en varias ciudades marcaban un llamado a paro general este martes en Chile, el cual fue convocado por un centenar de organizaciones sociales para presionar al gobierno de Sebastián Piñera a que profundice en las reformas sociales.
En la jornada, el peso chileno se desplomó 3,1% y alcanzó su valor mínimo histórico, de 783,82 unidades. Mientras tanto, la Bolsa de Comercio de Santiago cayó 1,57% en medio de los temores sobre los efectos en la economía de la prolongación de la crisis social.
Las barricadas incendiadas impidieron el paso de los vehículos en algunos accesos a Santiago. Una gran marcha convocó a 80.000 personas por la céntrica avenida Alameda.
Con bombos y banderas los manifestantes se agruparon en plaza Italia, epicentro de las protestas desde hace más de tres semanas.
Luego marcharon hasta la sede de la Central Unitaria de Trabajadores y pasaron frente a la casa de gobierno. Al final de la manifestación hubo enfrentamientos con la policía en el lugar.
Saqueos e incendio en Concepción
«El descontento es por muchos asuntos. Todo lo que ha ofrecido el presidente es insuficiente, una burla», dice Karen Delgado, una oficinista, de 29 años de edad, en medio de la marcha.
«Le pido al presidente escuchar lo que pedimos y deje de dilatar con estas medidas parche. No escucha a la gente», agrega.
En la ciudad de Concepción manifestantes incendiaron la sede de la gobernación regional y se enfrentaron con la policía. Asimismo, varias tiendas fueron saqueadas en el balneario de Viña del Mar y el turístico puerto de Valparaíso, en el centro del país.
Después de ser dispersados del centro, miles de personas volvieron a congregarse en la plaza Italia de Santiago de Chile, rebautizada como plaza de la Dignidad por los manifestantes, en cuyas inmediaciones hubo saqueos a comercios.
El llamado a huelga general se da a más de tres semanas de que estallaran las primeras protestas sociales.
La Confederación Nacional del Cobre, que agrupa a trabajadores tercerizados de la minería, también se unió al llamado. Sin embargo, la empresa estatal Codelco, la principal productora mundial de cobre, operaba con normalidad.
Chile es el principal productor mundial del metal con casi un tercio de la oferta global, equivalente a unos 5,6 millones de toneladas producidas al año.
Las escuelas públicas se adhirieron a la paralización y gran parte de los privados también, algunos por razones de seguridad. La mayoría de las universidades no tiene actividades desde que estallaron las movilizaciones.
En los sectores privados, los llamados de la Central Unitaria de Trabajadores tienen un escaso apoyo, en un país con bajo nivel de sindicalización.
Giro presidencial
La pulseada llega luego de que el presidente Piñera diera un giro al anunciar el inicio de un proceso para cambiar la Constitución que se mantiene como herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
No obstante, la reforma no será con una Asamblea Constituyente, sino a partir de un Congreso Constituyente, cuyos detalles y composición aún no se definen.
«El camino al diálogo está abierto, siempre el gobierno lo ha dicho. Todos los actores queremos trabajar sobre la base de construir un país con base en el diálogo. El presidente ya habló de nueva Constitución y esa es una señal clara que debiera evitar generar estos cuadros de violencia», dijo el subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla.
En una declaración pública este martes en la tarde, 14 partidos de oposición exigieron la realización de una Asamblea Constituyente.
«La propuesta de un Congreso Constituyente por parte del gobierno se aleja de la demanda popular por participación y deliberación», dijeron en el texto el Partido Socialista, el Comunista, la Democracia Cristiana y el Partido Radical, además de agrupaciones de la izquierda radical.
En un intento por aunar posiciones, el mandatario se reunió con los ex presidentes Eduardo Frei y Ricardo Lagos, y habló por teléfono con la ex mandataria socialista Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El gobierno de Piñera logró, a su vez, un acuerdo con la oposición política para impulsar una reforma tributaria que recaudaría alrededor de 2.000 millones de dólares, destinados a financiar parte de los anuncios sociales que ha realizado para acallar las protestas sociales.
Asimismo, cerró un acuerdo para aprobar el presupuesto de 2020, incluyendo algunas concesiones sociales.
Pero los gremios exigen reformas más profundas al sistema de pensiones que entrega pensiones menores al salario mínimo. También piden incrementar el presupuesto a la salud pública, donde se atiende casi el 80% de la población chilena, y aumentar el salario mínimo.