El Parlatino aseguró este martes que, si los poderes Ejecutivo y Legislativo de Perú no logran negociar un acuerdo para salir de la crisis, la decisión deberá quedar en manos del pueblo peruano a través de comicios generales.
En una declaración, la directiva del Parlatino calificó de delicados los hechos políticos de las últimas horas en Perú, a raíz de la disolución del Congreso por el presidente Martín Vizcarra, y la reacción de ese cuerpo legislativo al declarar la incapacidad temporal y juramentar a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como presidenta interina del país.
Invitó a los dos poderes del Estado peruano a que inicien un diálogo constructivo orientado a solucionar el problema, tomando como criterio primordial el bien común y la unidad de la nación.
«Cualquier solución a la que se llegue debe ser esencialmente democrática. Lo cual significa que en caso de no llegar a un acuerdo negociado, la decisión corresponde al pueblo peruano a través de elecciones generales», señaló la directiva del Parlatino.
El organismo, integrado por los congresos de 23 países de la región, expresó preocupación por la crisis política resultante del choque de poderes en Perú. Esa circunstancia perjudica al Estado como un todo, con un impacto negativo en el desarrollo del país y en el bienestar de su pueblo.
Recordó que el Congreso peruano es fundador del Parlatino y ratificó el Tratado de Institucionalización del organismo, que tiene entre sus propósitos garantizar la vida constitucional y democrática de los Estados.
Asimismo, propiciar, con los medios a su alcance y sin perjuicio del principio de la no intervención, el restablecimiento de aquellos que hayan sido disueltos.
Crisis política
Una crisis política estalló el lunes en Perú, después de que el presidente Vizcarra disolviera constitucionalmente el Congreso. En respuesta, una facción del Legislativo en rebeldía votó la suspensión del mandatario y nombró a la vicepresidenta Aráoz como jefa de Estado.
Vizcarra convocó a elecciones legislativas para el 26 de enero amparado en una norma constitucional que le permite disolver el Parlamento si le niega una cuestión de confianza para realizar cambios en el proceso de selección de candidatos del Tribunal Constitucional.
El presidente peruano se pronunció el lunes después de que el Congreso eligiera a un magistrado para el Tribunal Constitucional pese a que la moción de confianza estaba expresamente vinculada a ese proceso de elección de jueces, muy cuestionada por las formas y los plazos que se emplearon en su trámite.
Los sondeos de opinión señalan que entre la ciudadanía es mayoritario el apoyo a la decisión de Vizcarra, puesto que el Congreso, que dominaba el fujimorismo, es una de las instituciones más desprestigiadas ante la opinión pública, que considera que es un obstáculo permanente para la lucha anticorrupción.