La plenaria del Parlamento Europeo aprobó este jueves una resolución no vinculante en la que pide que se permita la candidatura de la opositora María Corina Machado en las elecciones presidenciales en Venezuela previstas para el 28 de julio.
La resolución pide «a la comunidad internacional que apoye el retorno a la democracia en Venezuela, en particular a la luz de las próximas elecciones, en las que debe permitirse la plena participación de la líder de la oposición al régimen, María Corina Machado».
Esta resolución no vinculante fue aprobada por 497 votos a favor y 22 en contra, con 27 abstenciones.
El texto pide la «liberación inmediata e incondicional de todos los prisioneros políticos y de las personas detenidas arbitrariamente», como la abogada Rocío San Miguel y el general Héctor Hernández da Costa.
Venezuela se propone realizar elecciones presidenciales en julio, comicios en los que el actual mandatario, Nicolás Maduro, buscará su reelección.
Sin embargo, Machado, vista como la favorita para representar a la oposición, fue inhabilitada por la Contraloría a ejercer cargos públicos por 15 años, en un fallo que fue ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia.
Machado sin embargo se mantiene en campaña electoral, a pesar de no tener posibilidades de inscribirse formalmente para participar de las elecciones.
Sondeos sugieren que en caso de que logre participar de las elecciones, Machado derrotaría a Maduro, pero su inhabilitación deja el escenario marcado por la incertidumbre. Su comité de campaña se muestra firme en la candidata.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano anunció que había invitado a la UE, el Centro Carter y un panel de expertos de la ONU, entre otros, a enviar misiones de observación a las presidenciales.
Un funcionario europeo dijo esta semana que la UE «está lista y considerará cualquier solicitud formal de una Misión de Observación Electoral por parte de las autoridades venezolanas en función de la situación y las condiciones electorales.
Sin embargo, la proximidad de las elecciones hace que la UE tenga algo más de cuatro meses para preparar y desplegar sus equipos de observación electoral.
Otro punto de discordia son las sanciones que la UE adoptó contra funcionarios venezolanos desde 2017. A finales de 2023 esas sanciones fueron renovadas por un plazo de seis meses, en vez de un año, hasta mayo de este 2024.
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