La ciudad de Nueva York ha recibido ya a 97.000 migrantes en busca de asilo desde que comenzó una oleada inédita hace un año. Y calcula que el próximo fin de semana habrá rebasado ya la cifra de los 100.000, dijo este martes el Comisionado de Inmigración, Manuel de Castro.
Castro, que atendió a los medios en una visita guiada al nuevo alojamiento gigante de Creedmoor, en el barrio de Queens, con capacidad para 1.000 personas -hombres solos, y no familias- precisó que de los 97.000, son más de 60.000 los que siguen bajo cuidado de los servicios públicos de Nueva York, tanto en alojamiento como en alimentación o escuela para los niños.
El albergue gigante de Creedmoor se levantó en las instalaciones de un antiguo hospital psiquiátrico en desuso, y consta de cuatro carpas: un dormitorio colectivo con catres de campaña, un comedor y centro de llamadas, unas oficinas de registro y aseos públicos.
Su montaje y parte del funcionamiento ha sido financiado por el estado de Nueva York, después de que el alcalde Eric Adams se quejó repetidamente de que la ciudad no puede afrontar sola la enorme carga financiera y logística que supone acoger a todos estos migrantes, la mayoría latinoamericanos.
El alcalde Adams puso la semana pasada una cifra a todo este costo presupuestario: 12.000 millones de dólares pagará la ciudad este año y los dos siguientes para atender a los inmigrantes.
Se espera que esta misma tarde lleguen los primeros inquilinos, una vez se hayan marchado los periodistas, al tiempo que se levanta otro albergue similar en la isla de Randall, este de Nueva York.
Nueva York es una ciudad particular por una legislación de hace décadas
La ciudad de Nueva York tiene la particularidad en Estados Unidos de que una ley de varias décadas le obliga a proveer techo a cualquier persona sin hogar, y ese detalle, junto con las oportunidades laborales más abundantes, es el que ha atraído a migrantes en mucha mayor proporción que otras ciudades o estados del país.
Sin embargo, el alcalde Adams ha impuesto recientemente un límite de 60 días a cada persona que llega a un albergue público. Pasado ese tiempo, y si no encontró otra alternativa, tiene que volver a presentar una solicitud para nuevamente recibir alojamiento en el sistema público.
Uno de los principales problemas con que se encuentran los migrantes es la tardanza en conseguir un permiso de trabajo -suelen tardar una media de 12 meses-, pues sin él no pueden emanciparse de los servicios municipales, salvo que decidan trabajar sin permiso de trabajo y arriesgarse así a la expulsión.
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