Decididos a evitar que el escándalo siga escalando en los medios y continúe su onda expansiva, desde el gobierno de Alberto Fernández salieron a negar que haya cambios en la postura del Poder Ejecutivo, luego de conocido el informe que el juez federal Federico Villena recibió del FBI, en el que se vincula al piloto del avión de Emtrasur que aterrizó en Ezeiza, Gholamreza Ghasemi, con una compañía aérea ligada a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
“El informe dice lo mismo que ya se sabía. La compañía a la que los venezolanos le compran el avión tiene sanciones económicas en el mundo porque el FBI y Estados Unidos dicen que dio apoyo a la Guardia Revolucionaria de Irán, por eso los iraníes vendieron los aviones y no se les suministró combustible. Pero no hay más que eso”, contestaron fuera de micrófono cerca del presidente, quien en una entrevista con el matutino Página12 publicada este domingo afirmó que “hay sanciones económicas a las empresas que le carguen nafta a ese avión y por eso el avión no se va. El juez ha rechazado un hábeas corpus diciendo que no puede hacer lugar a eso porque no hay ninguna restricción a la libertad de ninguno de los tripulantes. Nadie los está requiriendo en el mundo”, afirmó el primer mandatario.
Más allá de que no hubo declaraciones públicas sobre el informe de la agencia de inteligencia estadounidense, el argumento oficial es repetido: quienes rodean al primer mandatario enfatizan “ninguno de los tripulantes ni la aeronave tienen pedido de captura” y que por lo tanto el país se expone a un juicio del gobierno de Venezuela, que figura como propietaria del avión de Emtrasur que Caracas le alquila por leasing al gobierno de los ayatolás y al que Estados Unidos vincula con actividades terroristas y narcotráfico.
Cerca del presidente agregaron que “está claro que Ghasemi es parte de la compañía aeronáutica, no lo relacionan con nada”, acotaron, más allá de que, durante la semana pasada, ministros como Aníbal Fernández afirmaron que Ghasemi era un “homónimo” del miembro de un integrante de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, conducida por Ahmad Vahidi, ministro del Interior iraní y reclamado por Interpol como uno de los autores intelectuales del atentado a la sede de la AMIA, que en julio de 1994 produjo 85 muertos y más de 300 heridos.
Contra el juez
En tren de fustigar a la oposición, a quien acusan de “magnificar” el caso, el presidente Fernández criticó en el mismo reportaje a “la política miserable de siempre que le hace creer a los argentinos que tenemos un ‘pacto venezolano iraní’”, antes de puntualizar: “Ya salió Israel a hablar del asunto y dijo que no pasa nada. También una nota de Paraguay en el mismo sentido. Se trata de un avión que aterrizó trayendo un cargamento para una empresa argentina”.
Fuera de micrófono, y además de cuestionar “lo que inventan los medios” en torno al caso, las quejas del gobierno llegan hasta el juez de Lomas de Zamora Federico Villena, quien hizo lugar a las denuncias de la oposición política y la DAIA y desde hace dos semanas continúa sin definir la situación de los 19 tripulantes (14 venezolanos, 5 iraníes), que continúan en un hotel de Canning, cerca del aeropuerto internacional de Ezeiza, sin sus pasaportes pero no formalmente detenidos.
“Ya ahora es un problema de Villena, que se arregle él”, comentaban cerca del presidente, en clara crítica a la decisión del juez de extender la permanencia de la tripulación hasta contar con información precisa sobre los antecedentes y actividades de los integrantes de la delegación, que para el titular de la AFI, Agustín Rossi, venían en un vuelo de “instrucción” además de descargar autopartes contratados por la empresa SAS y con destino final a Volkswagen.
Son muchas las voces oficiales, todas en el criticado off the record, las que acusan al juez de haber extendido demasiado la retención de los pasaportes de la tripulación, más allá de las acusaciones que pesan sobre el avión en sí. “Podría expulsarlos a todos, o dejar sólo a Ghasemi y al resto dejarlos ir. Cuanto más tiempo pasen acá en el país, peor será para nosotros”, se sinceraron dos funcionarios del oficialismo, deseosos en que esa estadía tenga punto final pronto.