El gobierno de Panamá avaló este martes la presentación ante la Asamblea Nacional de un nuevo proyecto de ley de extinción de dominio sobre bienes vinculados a actividades ilícitas, después de que la iniciativa original fuera archivada por el Órgano Legislativo el pasado abril.
El Gabinete (Consejo de Ministros) autorizó al ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, para que lleve al Parlamento el nuevo proyecto, impulsado por el Gobierno como un mecanismo que ayudaría al país a salir de las listas en las que permanece por deficiencias en la lucha contra el blanqueo de dinero.
La propuesta incluye varios cambios a la anterior iniciativa que fue archivada por los diputados.
Los cambios precisan que los delitos que se van a investigar con esta ley son el blanqueo de capitales, terrorismo, financiamiento del terrorismo, trata de personas, narcotráfico y asociación ilícita para delinquir.
«La iniciativa tiene entre sus características la declaración ilícita de los bienes, por lo que tiene un carácter ‘in rem’, es decir, no va contra la persona», señaló el Gobierno en un comunicado.
El proyecto legislativo fue presentado al Parlamento en abril de 2021 y tras permanecer paralizado fue sometido a discusión este año en medio del rechazo de muchos diputados, que alegaban que algunos de sus preceptos estaban reñidos con la Constitución o que de ser aprobada se convertiría en un arma de persecución política.
La ausencia de más de la mitad de los 71 miembros de la Asamblea Nacional, de amplia mayoría oficialistas, en la segunda discusión del proyecto 625, de tres obligatorias, llevó a que se dictara archivo.
El gobierno dijo este martes que la nueva propuesta busca «combatir la delincuencia organizada mediante la aplicación de medidas de cooperación internacional de los sistemas judiciales, organismos policiales y de investigación para la identificación, ubicación, localización y recuperación de activos ilícitos».
Así se destaca que la propuesta de la extinción de dominio sobre bienes relacionados con actividades ilícitas busca «golpear el músculo financiero de las organizaciones criminales y fortalecer el Estado de derecho en el país», así como también «cumplir con acuerdos suscritos con organismos internacionales para combatir la delincuencia y la corrupción», según el comunicado.
El ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, dijo en diciembre pasado, cuando pidió a los diputados discutir el proyecto, que la aprobación y aplicación de una ley de este tipo «nos ayuda a salir de las listas grises».
Panamá está en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de países que presentan deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. También está en la lista negra de la Unión Europea (UE) de paraísos fiscales.
La ley de extinción de dominio se enfoca exclusivamente en la persecución de toda clase de activos que integran la riqueza derivada de la actividad criminal, según la definición de la ONU.