El gobierno de Panamá condenó este sábado los recientes hechos de violencia suscitados en la ciudad de Managua, que han cobrado la vida de adultos y niños; y que «siguen trayendo luto y temor a la población en Nicaragua».
«Panamá hace un firme llamado a los responsables de los ataques armados, incendios provocados y crímenes, a cesar la violencia y al más estricto respeto a la vida, los derechos humanos, la seguridad, y la paz», dijo la Cancillería mediante un comunicado oficial.
Este sábado dos nuevos hechos violentos conmocionaron a Nicaragua y cobraron la vida de 9 personas en Managua.
En uno de ellos murieron al menos 7 miembros de una misma familia, entre ellos 3 niños, cuando el edificio donde vivían fue incendiado por encapuchados que lanzaron bomba molotov en su interior, donde había material altamente inflamable por el negocio de telas y colchones a los que se dedicaban sus moradores, según la Dirección General de Bomberos de ese país.
Esa versión, sin embargo, no coincide con la de una familiar sobreviviente y vecinos que explicaron a los medios locales que prendieron fuego al inmueble porque la familia se negó a prestar la parte alta del edificio para ubicar francotiradores y los amenazaron con disparar si salían de la casa mientras ardía en llamas.
Otro acto crudo resultó cuando en plena calle de Managua dos hombres fueron asesinados y luego quemados con combustibles y llantas por desconocidos.
Tanto el gobierno como la oposición se culpan mutuamente de ambos actos criminales, tras una crisis sociopolítica que ya ha cobrado más de 200 muertos, según organismos humanitarios.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá indicó en su pronunciamiento de este sábado que aspira que «el gobierno (de Nicaragua), la oposición y las organizaciones de la sociedad civil muestren una voluntad real de encontrar una salida pacífica, por la vía del diálogo, a la crisis por la cual atraviesa el país, que cese la violencia y se permita la movilización libre y segura».
La crisis en Nicaragua estalló el pasado 18 de abril con manifestaciones en contra de una reforma a la seguridad social y que luego fueron aplazadas, pero la coyuntura fue aprovechada para continuar con la protesta y exigir al mandatario Daniel Ortega su renuncia con acusaciones de abuso de poder y corrupción.