Los gobiernos de Rusia, China, Turquía, Irán, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Bielorrusia y Birmania rechazaron el informe que Michelle Bachelet, alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó el 5 de julio sobre la situación de Venezuela.
Expresaron su apoyo al régimen de Nicolás Maduro y aseguraron que las sanciones impuestas al oficialismo por el gobierno de Estados Unidos son las responsables de la crisis que afronta la nación.
Sin embargo, la posición de esos nueve países ha llamado la atención de organizaciones como la ONU y Amnistía Internacional por los múltiples casos de violaciones de derechos humanos en sus propios territorios.
Rusia
Desde que Vladimir Putin, aliado de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, llegó a la Presidencia de Rusia el 7 de mayo de 2012, el respeto a los derechos humanos se ha deteriorado en ese país.
La directora de Human Rights Watch en Moscú, Tanya Lókshina, afirmó que esa nación enfrenta la peor crisis en materia de derechos humanos desde la caída de la Unión Soviética en los años noventa.
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Foto: AFP
La gestión de Putin ha sido cuestionada por el aumento en las restricciones a la información, acceso a Internet, libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. También por el hostigamiento y la intimidación en contra de los defensores de derechos humanos, ONG independientes y minorías religiosas.
Durante su mandato se ha privado de libertad a personas por razones políticas, realizado juicios injustos y despenalizado leyes sobre actos de violencia intrafamiliar, las cuales acrecentaron los casos de agresión contra mujeres y niñas en varias regiones rusas.
Los hombres homosexuales fueron secuestrados, torturados y asesinados por las autoridades chechenas, de acuerdo con el informe de Amnistía Internacional de 2017/2018 acerca de la situación de los derechos humanos en el mundo.
China
El gobierno de Xi Jinping ha detenido a personas que se dedican al activismo y a la defensa de los derechos humanos, basándose en acusaciones vagas, señaló Amnistía Internacional el año pasado.
En China se intensificó el control sobre el uso de Internet, aumentó la represión de las actividades religiosas de los cultos no reconocidos por el Estado y se agravaron las violaciones de la libertad de expresión de la población, de acuerdo con el informe de la ONG.
Turquía
El estado de excepción que se declaró en Turquía tras el intento de golpe de Estado en julio de 2016 y sus prórrogas habituales llevaron al Ejecutivo de Recep Tayyip Erdoğan a cometer violaciones de los derechos humanos de cientos de miles de personas, que iban desde detenciones a torturas y otros derechos fundamentales, denunció la ONU en marzo de 2018.
El informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que comprende el periodo entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2017, documentó asaltos sexuales, golpizas, ahogamientos simulados y descargas eléctricas a personas bajo la custodia de cuerpos de seguridad del Estado.
La ONU indicó que el objetivo de esas torturas era acabar con la disidencia y la crítica al gobierno tras el fallido intento de golpe.
Irán
Amnistía Internacional reveló en 2018 que en la República Islámica de Irán las autoridades reprimieron con dureza el derecho a la libertad de expresión, de asociación, de reunión pacífica y culto. Además, encarcelaron a decenas de personas que mostraron su oposición al gobierno del ayatolá Seyed Alí Jamenei.
Foto: AI
Ciudadanos iraníes fueron víctimas de juicios constantemente injustos, sentenciados a ser flagelados o amputados.
Las autoridades permitían la discriminación y la violencia de género u orientación sexual. También censuraban las opiniones políticas.
Ejecutaron a centenares de personas, algunas en público, mientras miles estaban condenados a muerte; muchas de ellas eran menores de 18 años de edad para el momento del delito.
Cuba
Durante el gobierno de Raúl Castro Ruz, la detención arbitraria, los despidos discriminatorios de empleados estatales y los hostigamientos a los trabajadores independientes continuaron siendo utilizados para callar las críticas al modelo político.
En la gestión de Miguel Díaz-Canel continúa la ausencia de condiciones legales y materiales para el ejercicio de las libertades económicas, señala el informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos elaborado en julio de 2019.
Bolivia y Nicaragua
La oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos cerró el 31 de diciembre, después de que el gobierno de Evo Morales decidió no renovar su mandato.
Foto: Madeleine Deaton
Amnistía Internacional expresó en 2018 su preocupación por las continuas amenazas y acoso contra organizaciones de derechos humanos en el país, así como contra los pueblos indígenas.
En Nicaragua persistían los ataques contra defensores de derechos humanos. Los actos de violencia contra la población indígena quedaban impunes y los homicidios por razones de género eran cada vez más violentos.
Bielorrusia y Birmania
Durante 2018 en Bielorrusia continuaban las restricciones legislativas sobre medios de comunicación, ONG, partidos políticos y reuniones públicas. Las personas que llegaban al país en busca de protección internacional fueron devueltas a naciones donde sus vidas corrían peligro.
En la República de la Unión de Birmania la situación de los derechos humanos empeoró debido a que cientos de miles de rohinyás, minoría étnica predominantemente musulmana, cruzaron la frontera con Bangladesh para huir de los crímenes de lesa humanidad que se cometían en el estado de Rajine.
Además, el gobierno de Birmania restringió el acceso de ayuda humanitaria al país, la cual era para los rohinyás.
La intolerancia religiosa y el sentimiento antimusulmán aumentaron en esa nación.
Foto: Getty Images