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Países pidieron a la OEA ver crisis en Nicaragua

Diversos embajadores exigieron aplicar la Carta Democrática para aplicar medidas ante los crímenes de lesa humanidad que se han cometido, durante el gobierno de Daniel Ortega

Por EFE
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Los gobiernos de Colombia, EE UU, Perú y Argentina pidieron este jueves evaluar la crisis en Nicaragua mediante la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Es la primera vez que la aplicación de la Carta Democrática aparece en el debate sobre Nicaragua en la OEA, que este jueves celebró una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente.

En la sesión, el embajador de Colombia ante el organismo, Alejandro Ordóñez, consideró que la OEA debe jugar «un papel indispensable» frente a la crisis en Nicaragua, que estalló el 18 de abril con protestas que piden la renuncia del presidente nicaragüense, Daniel Ortega.

El diplomático colombiano consideró «urgente» e «imperativo» tomar esa iniciativa dentro de la OEA después de que un grupo independiente de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya concluido que el gobierno de Ortega ha perpetrado crímenes de lesa humanidad.

Carlos Trujillo, embajador de EE UU ante la OEA, dijo que el organismo no puede estar «en silencio» y debe acudir a la Carta Democrática para reconocer que en Nicaragua «no se cumplen» los compromisos democráticos adquiridos a nivel internacional.

La embajadora de Perú ante la OEA, Ana Rosa Valdivieso, también mencionó la Carta Democrática e instó al resto de Estados a no permanecer «impasibles» ante la situación.

Su artículo 20 establece que el secretario general o cualquier Estado miembro de la OEA puede solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente cuando en un país de la organización «se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático».

De fracasar estas, se inicia un proceso que podría llevar a la convocatoria de una Asamblea General extraordinaria, el foro político más importante de la OEA, en el que los cancilleres de las Américas podrían suspender a un Estado miembro si estiman que «se ha producido la ruptura del orden democrático». 

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