Un grupo de 39 países, principalmente potencias occidentales y sus aliados, se unieron este martes en Naciones Unidas para denunciar la situación de los derechos humanos en la región china de Xinjiang.
El grupo -en el que figuran entre otros Estados Unidos, Alemania, Japón, España o el Reino Unido- se mostró preocupado. “Por la existencia de una gran red de campamentos de reeducación política donde hay informes creíbles que indican que más de un millón de personas han sido detenidas arbitrariamente”.
En una declaración conjunta ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, estos países llamaron la atención sobre un creciente número de denuncias de graves violaciones de los derechos humanos. Y sobre las severas restricciones a las que se enfrentan los musulmanes de la minoría uigur.
“Una vigilancia generalizada sigue centrándose sobre los uigures y otras minorías y están apareciendo más informaciones de trabajos forzados y contracepción forzosa, incluidas esterilizaciones”, señaló el grupo.
Acceso a Xinjiang
Los países occidentales exigieron a China que permita inmediatamente el acceso a Xinjiang de observadores independientes. Incluyeron a la oficina de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet.
En los últimos años se han repetido los llamados desde Europa y Estados Unidos para que Pekín cierre los campos de reeducación.
Represión
Las acusaciones de represión a minorías étnicas proceden principalmente de ONG y disidentes en el extranjero. Mientras que Pekín negó la existencia de estos recintos hasta 2018. Ese año indicó que se trataba de “centros de formación profesional”. Argumentó que allí se enseñan oficios para salvar a los musulmanes del terrorismo y del extremismo religioso.
Los 39 países también llamaron la atención sobre la situación en Hong Kong. Aseguraron que la controvertida ley de seguridad nacional incumple las obligaciones internacionales de China.