Varios grupos en favor de los derechos civiles presentaron el lunes una demanda contra la ley migratoria SB1718 de Florida, por considerar que es inconstitucional, xenofóbica y criminaliza a la comunidad migrante en un estado donde la quinta parte de la población nació en el extranjero.
La demanda, planteada por el Southern Poverty Law Center, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) y su sección de Florida, Americans for Immigrant Justice y American Immigration Council, argumenta que la SB1718 representa una amenaza para los derechos y el bienestar de cada individuo en el estado, no solo para los migrantes, y es discriminatoria.
Esta ley dañina está diseñada para infligir crueldad a la comunidad migrante, es inconstitucional y socava nuestra democracia, señaló hoy en un comunicado Paul R. Chávez, abogado supervisor sénior del Proyecto de Justicia para los Inmigrantes de Southern Poverty Law.
La demanda se centra en disposiciones de la Sección 10 de la ley, que penalizan el transporte de personas a Florida que puedan haber ingresado ilegalmente en Estados Unidos sin inspección federal. La querella señala que es inconstitucional que un estado regule unilateralmente la inmigración federal, someta a las personas a un castigo sin previo aviso y utilice un término tan vago como inspección.
El caso se presentó contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis; la fiscal general del estado, Ashley Moody; el fiscal estatal de Florida Nicholas B. Cox y los fiscales generales de los 20 circuitos judiciales de Florida, en nombre de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y varias personas afectadas, incluidos ciudadanos estadounidenses y conductores y pasajeros indocumentados que viajan habitualmente hacia y desde Florida.
Las organizaciones denunciantes sostienen además que una serie de secciones de la SB1718 perjudican a los migrantes de Florida y sus familias, y busca atacar e intimidar a las familias migrantes en todas las facetas de sus vidas.
Así, la citada ley, que entró en vigor el pasado 1 de julio, inhibe e intimida a los migrantes de Florida que buscan atención médica, amplía los requisitos de E-Verify (sistema para verificar la elegibilidad del empleado) y las sanciones a las empresas.
De igual modo, la ley prohíbe que el gobierno local financie nuevas tarjetas de identificación comunitarias e invalida ciertas licencias de conducir de estados como Connecticut, Vermont, Delaware y Hawái.
Esta legislación no es la solución a ningún problema, sino «un intento de usar como chivos expiatorios y aterrorizar a familias y trabajadores vulnerables que ya están agobiados por la dificultad del proceso de inmigración federal», denunció, por su parte, Amien Kacou, abogado de ACLU de Florida.
«Nuestro desafío tiene como objetivo defender la Constitución y proteger a nuestras comunidades de la creciente amenaza de discriminación que plantea esta nueva ley de Florida», acotó Kacou.
En el documento de 35 páginas, las organizaciones de derechos civiles insisten en que la citada ley criminaliza inconstitucionalmente el acto de transportar a una amplia categoría de migrantes a Florida.
Una categoría que «pone a miles de floridanos y residentes de otros estados, tanto ciudadanos como no ciudadanos, en riesgo de ser arrestados, acusados y procesados por el delito grave de transportar a Florida a personas bajo una terminología vagamente definida».
De manera que, añade la demanda, es posible que «familias no puedan visitarse a través de las fronteras estatales, que padres que viven cerca de la frontera estatal no puedan llevar a sus hijos a citas médicas o partidos de fútbol», o los compañeros de trabajo no puedan llevarse unos a otros al puesto de trabajo.
«La Sección 10 (de la SB1718) inflige un daño enorme a la capacidad de las personas para llevar a cabo su vida diaria», alerta la demanda.