Opositores nicaragüenses en el exilio y en la clandestinidad pidieron a la Unión Europea (UE), organismos internacionales y gobiernos declarar ilegítimas las elecciones presidenciales del 7 de noviembre en Nicaragua.
«Llamamos a declarar la ilegitimidad del proceso electoral y desconocer los resultados de la farsa electoral montada por la dictadura». Así lo dijo María Laura Alvarado, representante de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).
La solicitud está dirigida, además de a la UE, a la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), a organismos regionales y gobiernos.
A un mes de la votación, la UNAB y otros diez movimientos opositores emitieron esa declaración en la que acusan al presidente nicaragüense Daniel Ortega de «terminar con cualquier vestigio de verdadera competencia electoral, llevando a la cárcel a siete precandidatos presidenciales, forzando al exilio a otros dos» e ilegalizando a tres partidos opositores.
«Autoridades de la Unión Europea y de Estados Unidos y algunos otros países amigos y hermanos de la libertad han dicho categóricamente que esta elección no cumple con los parámetros internacionales ni los requisitos mínimos para ser reconocida como legítima», declaró Alexa Zamora, también de la UNAB.
«Estamos aquí por los presos políticos, por los exiliados y por todos aquellos nicaragüenses que no pueden levantar sus voces dada la represión de la dictadura», agregó.
A la conferencia de prensa se sumaron de manera virtual activistas de organizaciones como Nicaragua Freedom Coalition (NFC), desde Estados Unidos, del Movimiento Campesino y opositores en la clandestinidad.
El grupo pidió a los nicaragüenses abstenerse de participar en lo que insistieron en llamar «farsa electoral».
En busca de su cuarto mandato
Ortega, de 75 años de edad y en el poder desde 2007, busca su cuarto mandato consecutivo, de nuevo con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta y sin rivales que pongan en riesgo su propósito.
La grave crisis política que vive Nicaragua estalló con las protestas antigubernamentales de abril de 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos, centenares de encarcelados y más de 100.000 exiliados.
El gobierno atribuyó las manifestaciones a un fallido golpe de Estado promovido por Estados Unidos, que al igual que la UE adoptó sanciones contra el entorno de Ortega.
El lunes, Ortega volvió a acusar a los opositores de «lanzarse al derrocamiento del gobierno legítimo».